¿Hacia la confiscación progresiva de la libertad de expresión en Venezuela?

Si mal no recuerdo creo que fue en el bautizo de un libro que coincidí con un representante diplomático de un país europeo, recién llegado a Venezuela. Luego de las presentaciones habituales compartimos algunos comentarios generales sobre nuestro país, sobre la naturaleza de los cambios políticos que vivimos: insoslayable, de inmediato surgió el tema de los medios de comunicación y, en particular, el de la libertad de expresión. “Pero no hay periodistas presos en Venezuela” me respondió tajante el Embajador ante una preocupación mía sobre las crecientes restricciones a la libertad de expresión durante el gobierno del teniente coronel Chávez.

La conversación se interrumpió, no sólo porque de momento no pude articular ninguna respuesta sino por la presencia de un diligente camarero que nos imponía su bandeja con un suculento e irrenunciable canapé, del cual el Excelentísimo Embajador no pudo quitar la vista. “Muy buena la cachapa con queso de telita” me comentó y ya no pudo decir más nada porque como sabemos es de mala educación hablar con la boca llena.

“!Pero no hay periodistas presos en Venezuela!”.

Me sorprendió que en tan poco tiempo entre nosotros ya se había aprendido la acomodaticia frase que a diario escuchamos en labios de connotados voceros del gobierno para refutar, con esas siete palabras, cualquier reclamo ante tan controvertido asunto. Tal coincidencia de apreciaciones y, en particular, la necesidad de fundamentar nuestra convicción de que en Venezuela la libertad de expresión padece un incesante cerco constituye la motivación original de un ensayo de mayor aliento sobre este asunto.

Un observador atento puede apreciar como desde el gobierno nacional se han adelantado un sinnúmero de medidas jurídicas, administrativas, judiciales, impositivas y de juicios políticos que configuran un cerco a la libertad de expresión y contradicen el manido tópico de que “no hay periodistas presos en Venezuela”. Más aún, podrá comprobar que la actuación del Estado durante estos años respecto de los medios de comunicación, públicos y privados, no responde a hechos aislados (que existen) sino que se corresponde con una visión político-ideológica que contradice valores esenciales de la vida en democracia.

El Presidente de la República Hugo Chávez Frías toma posesión el 2 de febrero de 1999. En su primera aparición pública, formal, el nuevo presidente no pasa desapercibido: su insólito juramento sobre la que califica “moribunda constitución” presagia lo que será su desempeño en el cargo. Heterodoxo respecto de las formas protocolares, verbo encendido y confrontador. Su anuncio de convocatoria de una Asamblea Constituyente, a pesar del impedimento constitucional para hacerla, es tolerado con pasmosa docilidad por los venezolanos: el jefe de Estado daba cumplimiento a su oferta electoral. Sin embargo, para ese momento no están en escena todos los elementos que permitan tener una mínima idea de su pretensión de mantenerse en el poder indefinidamente, a cualquier precio: cooptando las Fuerzas Armadas Nacionales, controlando los poderes públicos, construyendo una hegemonía comunicacional gubernamental, restringiendo la libertad de expresión.

Sin duda alguna, un observador externo, pretendidamente imparcial, pueda argüir, que con la cantidad de medios privados que existen en Venezuela, con la cantidad de columnistas claramente opositores que se expresan en los medios, con las líneas editoriales marcadamente desafectas al gobierno, y más aún con el talante crítico, mordaz y en casos, altisonantes de algunos medios, cómo puede decirse que no hay, o que se restringe, la libertad de expresión en Venezuela. La mala noticia es que de acuerdo a los estándares internacionales de las sociedades democráticas contemporáneas, el reducido panorama indicado no agota los indicadores que plenamente pueden determinar si existe o no libertad de expresión en un país determinado. No se precisa de “periodistas presos” para determinar el grado de libertad de expresión en una sociedad. Restricciones en el acceso a la información pública, la prevaleciente cultura del secreto, la constante ampliación del concepto de “seguridad nacional”, demandas judiciales de parte de funcionarios públicos, la incidencia de la publicidad estatal, la frecuente autocensura, la falta de pluralismo, el desprestigio gubernamental a periodistas, las agresiones físicas a reporteros o a instalaciones de medios, la exclusión de los medios privados a los actos públicos presidenciales, la ilegal intercepción telefónica, el miedo o cautela en las comunicaciones privadas, las amenazas al secreto profesional y, particularmente, la debilidad institucional para hacer frente a este elenco de situaciones aquí comentadas, configuran restricciones a la libertad de expresión y determinan el real grado de la garantía a la libertad y al derecho a la información que consagran el carácter democrático de un país determinado.

Una mirada analítica de la realidad comunicacional venezolana puede ser útil para entender la situación del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información en nuestro país.

En ocasión de la entrega del Premio Nacional de Periodistas, el 26 de junio de 2006, el entonces Vicepresidente de la República José Vicente Rangel, en respuesta a las críticas sobre atentados al ejercicio a la libertad de expresión, convocó a un debate apoyado en la afirmación de que: “con Chávez no hay ni habrá periodistas presos en Venezuela”.

“No hay periodistas presos en Venezuela”, como vemos se repite la útil y oportuna estratagema para escamotear el fondo del asunto. Pero si nos atenemos a consagrado en los artículos, 57 y 58 de la Constitución Nacional, y a lo establecido en la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podemos glosar un inicial repertorio de atentados, restricciones, limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de información en Venezuela que desenmascaran la oportuna coartada del oficialismo y sobre los cuales nos basamos para afirmar que existe un cerco a la libertad de expresión en nuestro país:
a)El inconstitucional uso y abuso de los medios radioeléctricos del estado venezolano por parte del presidente Chávez, en particular, del abuso de la llamada cadena, es decir, del copamiento totalitario de todo el sistema radioeléctrico, público y privado, para imponernos su pensamiento único.

b) El marco legal intimidatorio, la consagración de normas jurídicas que tipifican como las leyes de desacato, la reforma del Código Penal, artículos de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia 1013, Sentencia 1942).

c) Los retrasos administrativos y burocráticos, la discrecional permisología para el otorgamiento de autorizaciones para la colocación de antenas y ampliación de la cobertura de estaciones de radio y de televisión por de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

d) El permanente acoso del SENIAT que denuncian directores y propietarios de medios que mantienen una posición editorial crítica al gobierno.

e) La discrecionalidad en la colocación de la pauta publicitaria oficial, tanto de la administración central, como descentralizada, regional y local.

f) La negativa o los obstáculos para acceder a las fuentes informativas de entidades del gobierno.

g) La concentración de medios de comunicación del Estado para uso exclusivo del gobierno, de su partido, y para el culto a la personalidad del presidente.

h) Los atentados a las instalaciones físicas y las agresiones directas a los periodistas, agravados por la displicencia con la que los organismos policiales y judiciales se “ocupan” del asunto.

i) El desamparo institucional ante las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los protección de medios y de comunicadores. j) El cierre de RCTV, medida extrema que, sin duda alguna, agudiza en su condición extrema la estrechez del cerco.

Me ahorro reseñar la totalidad del abecedario con estas constataciones. Agresiones físicas, cerco impositivo y publicitario, hostigamiento judicial, limitación en el acceso a las fuentes, atentan contra un libre ejercicio de la libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía. Y una nueva, novedocísima: la compra mercantil de medios privados existentes por parte del nuevo elenco de millonarios afectos a las actividades de políticas y de negocio del gobierno. Compras no por políticos, sino por nuevos hombres de negocio que parecieran recibir instrucciones tanto políticas como empresariales.

Insistamos. La violación a la libertad de expresión, no se reduce a poner preso a un periodista. En Venezuela prevalece hoy un clima de intimidación, de autocensura, de amenazas veladas. Y no tan veladas.

En una oportunidad, disfrazado de militar y apuntándonos con un fusil kalashnikov el jefe del Estado afirmó:
“Ustedes creen que es gratuita la campaña de todos los días por algunos canales de televisión, cuyas 24 horas de transmisión están dirigidas a dividir a los venezolanos. Eso viene pagado desde el imperio. (…) Nosotros no podemos ser tan irresponsables de seguir dándole concesiones a un pequeño grupo de personas para que usen el espacio radioeléctrico que es del Estado, es decir del pueblo, contra nosotros mismos, en nuestras propias narices, como quintas columnas. A mi me importa un comino lo que digan los oligarcas del mundo”. (Sub. OL)
Durante estos ocho años de revolución bolivariana el Estado venezolano ha sido incapaz de garantizar el ordenamiento del espacio público de las comunicaciones para promover y garantizar el pluralismo de la opinión pública nacional.

Los venezolanos, por el contrario, hemos estado sometidos a una peculiar dictadura mediática que se expresa en dos vertientes fundamentales: por un lado, la confiscación progresiva de todos los medios radioeléctricos del Estado sometidos al exclusivo beneficio de la parcialidad política en el gobierno; por otro, el cerco incesante a la libertad de expresión.

Como ningún otro en la historia de Venezuela, el gobierno del teniente coronel Chávez se ha caracterizado por una marcada valoración y dominio de lo mediático. Mientras manifiesta una hipersensibilidad a la crítica ha ido construyendo un contundente entramado radioeléctrico, de canales de televisión abierta, en cable, de medios comunitarios que sirven de manera exclusiva a la ideología de la “revolución bolivariana” (sic) y al culto de la personalidad del jefe del Estado. En estos medios, concebidos en el más claro modelo oficialista, al estilo de las dictaduras totalitarias del llamado “socialismo real”, solo tienen cabida quienes suscriben el ideario excluyente de la revolución. El gran reto de la sociedad democrática es mantenerse alerta, luchar contra el cerco, promover una legítima democratización del espacio radioeléctrico y colocar en su agenda política la restitución de los medios del Estado a la ciudadanía . Sin exclusiones.