El amanecer de la democracia

La Asamblea Nacional Constituyente presidida con singular acierto por Andrés Eloy Blanco centró sus actividades legislativas en la elección del Gobierno provisional, la elaboración de una Constitución Democrática y el análisis (que de parte de una oposición agresiva fue de laboratoristas usando microscopios) de las Memorias y cuentas presentadas por la Junta Revolucionaria de Gobierno y por los ministros. La Constituyente ratificó y legalizó los poderes de facto que venía ejerciendo la Junta.

La nueva Constitución fue proclamada el 5 de julio de 1947 y fue «una de las más avanzadas, una de las mejores del Continente Americano», según afirmó Jóvito Villalba en justicia.

Esa Constitución no sólo resume los más modernos principios del régimen representativo y las más importantes garantías individuales –inclusive al habeas corpus, incluido por primera vez en una Constitución venezolana- sino que también contiene una avanzada Carta de Derechos Económicos y Sociales, consagratoria de las legítimas aspiraciones del hombre y del ciudadano, en tanto que elemento básico en el proceso de la producción, a vivir libre del temor y libre de la necesidad.

¿Qué hizo de esa Constitución «el más avanzado documento en la historia de la nación»? Se necesitaron sólo 400 palabras para enumerar los derechos y deberes, individuales y sociales, para el capítulo de Garantías Sociales.

«El trabajo es un derecho y un deber. Todo ciudadano debe contribuir a la sociedad, por medio de su trabajo» (Art. 61).

«Los trabajadores son garantizados en los derechos a la organización y a la huelga (excepto en los servicios públicos esenciales determinados por la ley) y también en el pago de vacaciones, salario dominical, pensiones, indemnizaciones por despido y participación en utilidades» (de las empresas donde prestan sus servicios). «Sueldos y salarios deben ser iguales por igual trabajo, sin distinción de sexo, nacionalidad o raza» (Art. 63).

«Un sistema global y eficiente de seguridad social debe ser mantenido y promovida la construcción de casas baratas para trabajadores»; la Constitución también declara que todos los habitantes de la República tienen derecho a la protección de su salud y «el Estado debe establecer los servicios necesarios para la prevención y tratamiento de las enfermedades» (Arts. 53-57). Etcétera.

También consagró la Constitución el «derecho a la tierra para quien la trabajara», y otros principios de reforma agraria que luego sirvieron de pautas a la ley especial sobre esta materia.

En materia religiosa, los adecos nunca se han comportado como iconoclastas volterianos del siglo XVIII sino como revolucionarios del siglo XX, leales al espíritu y a la técnica política de su tiempo. El Partido del pueblo nunca ha hecho problema de disciplina las creencias religiosas, o la ausencia de ellas, en sus militantes. Las ha considerado cuestión de conciencia, del fuero interno de cada persona.

La más controvertida disposición de la nueva Carta Política fue el Artículo 77, bautizado como el «inciso Alfaro Ucero» (nombre del diputado que lo propuso): ahí se autorizaba al Presidente de la República para decidir en Consejo de Ministros, cuando «hubiese fundados inicios de la existencia de planes o actividades que tuviesen por objeto derrocar a las autoridades constituidas», la detención preventiva de las personas contra quienes obraran «graves motivos para considerárseles comprometidas en dichos planes o actividades».

Era una disposición en que nada había de lesivo para las libertades individuales, pero sí mucho de conciencia sobre agitadas conspiraciones en marcha, por parte de los infiltrados y promotores del orden anterior. Betancourt amplió sobre el tema y concluyó:

«Y es contra ese tipo de actividad delictuosa, y sólo contra ella, que usaríamos nosotros el arma de contención preventiva que ha puesto en manos del Ejecutivo el Poder Constituyente, y nada puede hacer presumir que otro uso haga de ella el Presidente que surja de los comicios en trance de realizarse dentro de los próximos meses». («Trayectoria democrática de una revolución».)

La Constitución de 1947, si alguna falla tuvo, según reflexionaría el propio Betancourt con el tiempo, fue la de no encarar hasta sus últimas y lógicas consecuencias el problema de la organización política del Estado.

Durante el Gobierno de la Junta Revolucionaria, como réplica a la dispersión de esfuerzos administrativos, se estableció la práctica de las Convenciones anuales del Presidente y de su Gabinete con los Gobernantes de los 20 Estados y los 2 Territorios Federales.

De esas reuniones periódicas resultó la coordinación nacional, bajo la rectoría del Gobierno central, de actividades administrativas que deben ser encaradas y resueltas con vista a la totalidad del país: educación, salubridad, vías de comunicación, electrificación. La Constitución consagró en su texto ese criterio de Gobierno ya traducido en realidad administrativa.

Además, impuso al Poder Ejecutivo la obligación de preparar y presentar al Congreso, al iniciarse el período presidencial, un Plan Nacional de cinco años, con los lineamientos de las labores previstas en las zonas básicas de la Administración.

En otras palabras: la Constitución de 1947 pautó, como norma constitucional implícita e ineludible para los inicios de la democracia, el principio del centralismo político, ya que no se concebía cómo podía planificar nacionalmente el Poder Ejecutivo si los gobernantes regionales no son de la libre elección y remoción del Jefe del Estado. Pero al propio tiempo, la Constitución consagró en forma expresa saludables principios de descentralización administrativa, en lo que no afectara a los planes nacionales en su conjunto.

El Ejecutivo Nacional quedó obligado a distribuir entre los gobiernos estadales, en forma de «situado constitucional», la cuarta parte de los ingresos ordinarios del Fisco. El federalismo en su forma clásica –el de la Constitución norteamericana de Filadelfia, inspiradora de la Constitución venezolana de 1811- quedó desmantelado en tales disposiciones de la Carta de 1947.

Y, al propio tiempo, superado y mejorado, de acuerdo con modernos criterios administrativos, porque en vez de una autonomía política formal, asociada a la falencia fiscal crónica, los gobiernos estadales comenzaron a disponer de recursos suficientes y estables.

En todo caso, el criterio era que «los problemas económicos y sociales del país –de apenas 5 millones de habitantes dispersos en una inmensa área geográfica- son de tal magnitud, que sólo enfrentados con visión nacional y recursos nacionales pueden ser resueltos».

Bajo las normas de esa nueva Constitución –con tantos aciertos y algunas fallas- se realizó, el 14 de diciembre de 1947, la elección del Presidente de la República. Rómulo Gallegos, el candidato adeco, obtuvo una abrumadora mayoría, de la misma manera en que Acción Democrática la obtuvo en los tres procesos electorales realizados bajo el Gobierno de la Junta Revolucionaria:

1º 27 de octubre de 1946. Asamblea Nacional Constituyente: AD: 78,8 %; Copei: 13,2%; URD: 3,8%; PCV: 3,6%.

2º 14 de diciembre de 1947. Presidente de la República, Congreso Nacional, Asambleas Legislativas, Concejos Municipales del Distrito y Territorios Federales: AD: 70,83%; Copei: 20,48%; URD: 4,34%: PCV: 3,64%.

3º 9 de mayo de 1948. Concejos Municipales en los Estados: AD: 70,09%; Copei: 21,1%; URD: 3,9%; PCV: 3,4%.

El respaldo caudaloso del electorado a Acción Democrática se mantuvo en los tres procesos, y nunca bajó del 70%. AD fue derrotado en todas las elecciones en los Estados Táchira y Mérida, demostrándose que con votos, la oposición ganaba.

Pero la gran derrota fue la de la tesis de los sociólogos al servicio de las dictaduras, de que nuestro pueblo era inapto, orgánicamente, bajo el signo de aquellos tres factores inexorables de tierra, raza e historia, para el ejercicio y disfrute de los sistemas democráticos de elegir gobernantes.

Dijo el Washington Post (17 de diciembre, 1947):

«Es particularmente significativo que el más reciente florecimiento de la democracia tenga lugar en Venezuela, cuna de Bolívar, sobre todo si se tiene en cuenta que el férreo control de Gómez y otros dictadores impidió por largo tiempo a ese país realizar la libertad por la que luchó Bolívar. El cambio se debe, en su mayor parte, a la política seguida por el Gobierno de Betancourt desde que la Junta Revolucionaria advino al poder en 1945. Algunos han visto en las simpatías del régimen de Betancourt en pro de los trabajadores una indicación de que estaba inspirado en el comunismo. La mejor respuesta son las realizaciones cumplidas. Con los recursos de la renta petrolera promovió muchas de las reformas internas tendientes a levantar el nivel de vida y a vencer el analfabetismo, medidas que en sí mismas son un antídoto contra el comunismo. La culminación de ese proceso fue extender a las masas, hasta entonces privadas del voto, el derecho del sufragio».

Dijo la revista Newsweek (20 de diciembre, 1947):

«Por primera vez en su historia el pueblo de Venezuela, hombres y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, sin distinción de credos o de color, estaban escogiendo su propio Presidente, sus senadores, sus diputados… todo esto demuestra lo lejos que ha llegado Venezuela, desde que la Junta Revolucionaria asumió el poder. Estas fueron algo más que las más honradas y las más ordenadas elecciones que Venezuela nunca haya tenido. Podrían servir como modelo para cualquier país en el Hemisferio Occidental, sin excluir muchas partes de los Estados Unidos».

Dijo el New York Times (20 de diciembre, 1947):

«Las elecciones, tal como las conocemos nosotros, eran desconocidas en Venezuela… Ahora todo ha sido barrido, con plenitud dramática y sobrecogedora».

Dijo El Día de Montevideo (20 de diciembre, 1947):

«Los venezolanos ganaron una primera batalla para América al recuperar su libertad política y reafirmar el imperio de la Ley».

Pero no todo fue elecciones, libertad y democracia. En las raíces de Acción Democrática estuvo también la ineludible presencia de la moralización administrativa, como veremos en la próxima entrega…