¿QUIÉN tiene el poder?
En una democracia el poder no recae en una sola instancia o en una sola persona. En Venezuela, a pesar de nuestra tradición presidencialista, en la cual el presidente es considerado como el depositario de un poder casi absoluto según la mentalidad de algunos sectores, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) consagra un Poder Nacional con cinco poderes, bien identificados y autónomos, en teoría: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Ciudadano. El objetivo de esta división del Poder Nacional, el cual se remonta a los planteamientos de Montesquieu (1689-1755), es actuar como contrapoderes o frenos ante la pretensión de alguno de ellos de sobrepasarse en sus funciones. Es la búsqueda del equilibrio en el poder, el cual no ha sido una de las características más sobresalientes en el período de gobierno del presidente Hugo Chávez.
Esta organización del poder, que se enfoca en un ejercicio equilibrado de los actos de quienes gobiernan, está vinculada con la legitimidad. En otros términos la sociedad venezolana, le otorga a los poderes legalmente constituidos la responsabilidad de tomar decisiones apegadas a la ley, las cuales merecen el respeto y la obediencia de los ciudadanos. Es probable que estas decisiones no sean del agrado de todos los sectores; pero se parte del principio que sus decisiones están enfocadas a buscar el bien común y responde al marco legal de su actuación. Cuando esta relación entre los poderes constituidos y la sociedad funcionan estamos ante una de las características del poder legítimo.
Los poderes que conforman el Poder Nacional tienen el objetivo de responder todos a los intereses de la nación, no al presidente, ni a ninguno de los poderes en específico. Cuando Montesquieu plantea los principios de la separación de los poderes, no como estructuras independientes y contrapuestas, sino con el criterio de activar mecanismos que permitan establecer controles y un equilibrio entre los poderes; estaba pensando en una sociedad en la cual el bien común prevaleciera por encima de los intereses particulares de quienes asumían el poder. Ninguno de los poderes está fuera de un control o de una supervisión. Lección que todavía no hemos entendido en Venezuela.
El poder no es una posesión exclusiva e infinita de un individuo o de un partido. La legitimidad del poder, en una democracia, recae en el control que se ejerce sobre ese poder y en la relación gobernante y sociedad, en la cual está última debe asumir una actitud crítica ante los abusos o desequilibrios de quienes gobiernan.
En Venezuela estamos en el límite de una ausencia en el equilibrio de poderes. La nueva discusión sobre la competencia o no de la Sala Electoral de tomar decisiones sobre las planillas consignadas para solicitar un referéndum revocatorio, coloca en el tapete la reflexión sobre la autonomía de los poderes. ¿Cuál es la interpretación más jurídica, más acorde con nuestro marco legal? Desde ambos sectores parecieran plantear elementos razonables de interpretación. No hay ningún problema en este aspecto, al contrario es útil. Lo preocupante es que desde los poderes no acepten ningún tipo de control ni de equilibrio. ¿Nuestra democracia esta en el nivel de aceptar este equilibrio en el poder?
(*): Comunicador Social. (%=Link(«[email protected]»,»http://www.cegecom.org/vp»)%)
