Reforma abre inmensa brecha entre el Estado y los ciudadanos condicionando severamente sus derechos
La reforma propuesta lejos de integrar a los venezolanos es excluyente y acrecienta el temor a que la Propiedad Privada termine siendo desvirtuada, disminuida y desfigurada en su esencia. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela y sus cámaras regionales fijaron posición en un comunicado difundido por su titular Luis Emilio Vegas, destacando que dicho proyecto construye una barrera entre el ciudadano y sus derechos, abriendo una inmensa brecha entre el Estado, que pasa a ser el dueño de todo, y el ciudadano que se verá obligado a cumplir deberes con derechos severamente condicionados.
La reforma de nuestra Carta Magna antes de propender al beneficio del venezolano en lo social, tiende a someterlo mucho más a los designios de un Estado que, a todo evento quiere socializarlo todo, incluyendo las libertades individuales, en cualquiera de sus especificidades, agravando aún más el problema de la vivienda, puntualizan los empresarios.
-El artículo 115 afectará a todos los venezolanos por igual, y degenerará en un clima de anarquía y enfrentamientos, cuyo preludio hemos conocido suficientemente los venezolanos con el proceso de invasiones, expropiaciones y confiscaciones de propiedades urbanas y rurales. La propiedad privada es un derecho que debe respetarse, como lo establece la Constitución de 1999, y se fundamenta en el libre mercado, en su visión ética y de responsabilidad social, valores que defendemos para alcanzar el desarrollo sustentable del país.
-Desfigurar el derecho a la propiedad privada e imponer la concepción colectivista en aras de promover reivindicaciones igualitarias a ultranza, sólo logrará reproducir la pobreza y desvirtuar la función social de la propiedad privada como derecho humano que dignifica a la familia. La propuesta no reforma sino que varía en su esencia el texto de la Constitución de 1999, imponiendo una doctrina por encima del ejercicio de la participación y la pluralidad tan necesarias y sólo posibles en un sistema democrático.
La reforma constitucional agravaría la situación de la vivienda en Venezuela, sector que no ha sido atendido diligentemente por el Gobierno. Mientras financia en dólares proyectos, construye y regala conjuntos residenciales en otros países, en nombre de una pretendida solidaridad internacional, en Venezuela el déficit habitacional acumulado ya sobrepasó las 1.800.000 unidades, además de las 1.200.000 viviendas que ameritan urgente refacción y un hábitat más humano.
Por otra parte, el crecimiento vegetativo de la población, los miles de damnificados por desastres naturales y la ausencia de políticas de Estado para dar respuestas coherentes, participativas y urgentes, han precipitado la crisis más compleja que se haya vivido en el sector, la cual por su magnitud, expresada en el clamor de millares de familias que exigen un techo, se hace difícil solventar en el corto plazo, especialmente si las soluciones son abordadas de manera unilateral y con la propuesta de reforma Constitucional planteada.
Regulación obsoleta
En lo que respecta al área de servicios inmobiliarios, tenemos que afirmar categóricamente que propietarios e inquilinos pierden con la congelación alquileres. Hoy la demanda de alquileres en Venezuela ocupa un porcentaje importantísimo del mercado inmobiliario. El alquiler de una vivienda resuelve rápida y económicamente la necesidad de vivienda sin tener que cancelar sumas de dinero para adquirir el inmueble.
-Pero actualmente la transacción no luce atractiva en el área residencial. Desde mayo del 2003 está vigente una resolución que congela los cánones de arrendamiento de viviendas, reguladas o no, prorrogada cada 6 meses para mantener los precios de los alquileres, siendo la última extensión aprobada en este mes de Noviembre de 2007, la cual toma como base los cánones de alquiler de noviembre del 2002. Entendemos que al momento de aplicar tal medida se trató de una política social con la que se buscaba proteger el derecho a la vivienda, por considerarla un artículo de primera necesidad.
-A simple vista, la congelación de los cánones de alquiler pareciera perjudicar sólo al arrendador o propietario, cuyos ingresos se mantienen iguales a los que percibía en el 2002. También los inquilinos, se han visto perjudicados, ya que viven en inmuebles cada vez mas descuidados, y lo grave es que no se producen nuevas renovaciones de contratos, produciéndose el déficit estruendoso que en estos momentos estamos atravesando. La congelación y la escasa oferta por la falta de seguridad jurídica impiden una armónica relación propietario-inquilino.
-Creemos que dicha regulación es obsoleta y está totalmente fuera del mercado, contribuyendo cada día más a agravar la situación, a consecuencia de las medidas, cada vez más severas, que impone el gobierno central, además del daño creciente que se le ocasiona al sector y, desde luego, al ciudadano.
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