Solicitan a Fiscalía determinar posible responsabilidad del gobierno en caso Cavendes

Los dirigentes de la Causa R e Izquierda Democrática, Lucas Matheus y Luis Manuel Esculpi, respectivamente, se dirigieron a la Fiscalía General de la República para solicitar la averiguación por parte de ese despacho sobre las posible responsabilidad que podría tener el gobierno en el caso Cavendes.

Para Matheus y Esculpi es fundamental que el Ministerio Público determine si existen responsabilidades penales de parte de funcionarios públicos en la debacle financiera de Cavendes.

Para estos dirigentes políticos es necesario averiguar esta situación, dada la vinculación del ex constituyente Luis Vallenilla, presidente de la institución intervenida, con los máximos representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, Hugo Chávez y Luis Miquilena, respectivamente.

A continuación el texto del escrito presentado por los dos dirigentes:

CIUDADANO
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
SU DESPACHO

Nosotros, LUIS MANUEL ESCULPI Y LUCAS MATHEUS, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números V-3.562.060 y V-746.469, y de conformidad con el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante usted acudimos y exponemos:
En vista del informe levantado por el extinguido Congreso Nacional de la República de Venezuela y consignado a esta honorable Fiscalía General en diciembre del 99, en ocasión a la investigación parlamentaria que se adelantó motivada a denuncia de la realización de supuestas irregularidades en las operaciones de la SOCIEDAD FINANCIERA PROFIMERCA, el cual fue consignado ante su despacho a los fines de que se iniciaran las investigaciones penales correspondientes, SOLICITAMOS con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Nacional, información referente a las actuaciones practicadas en el referido expediente, ya que como se evidencia en citado informe, existía una estrecha relación financiera y operativa entre la Sociedad Financiera Profimerca y Cavendes Banco de Inversión.

Por otra parte, como bien es sabido, público y notorio, pues ha sido noticia de primera plana en los medios de comunicación, Cavendes Banco de Inversión se encuentra intervenida a puertas abiertas, debido a la supuesta comisión de irregularidades como son: la captación ilegal de depósitos del público, en dólares; la aparente Suscripción y Publicación de Balances Falsos y principalmente el Incumplimiento por parte de la directiva de la mencionada Institución Financiera del Plan de Saneamiento que le impuso la Superintendencia de Bancos a mediados de 1999. Es evidente ciudadano Fiscal General, que la directiva de Cavendes violó de forma flagrante normas de carácter sustantivo penal previstas y sancionadas en la Sección II, Capítulo I, del Título V, de la Ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras, situación por la cual deberá activarse con carácter de urgencia el sistema penal, a los fines de determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En otro orden de ideas, debemos recordarle al ciudadano Fiscal que en las recomendaciones del informe en cuestión presentado por el Congreso nacional al despacho que usted preside, se exhortaba a la Comisión Nacional de Valores, a las Superintendencias de Bancos y de Seguros a profundizar en las investigaciones sobre las relaciones comerciales y operativas entre Profimerca, Proficorp y Cavendes Banca de Inversión, así como la de exhortar al antes Ministerio de Finanzas a fortalecer institucionalmente los organismos que de una u otra manera cumplen funciones de control sobre el sistema financiero. Pues bien, valdría la pena determinar si ciertamente se ejecutaron estas recomendaciones, ya que en caso negativo pudiera existir responsabilidad penal por la comisión por omisión, en la situación financiera de Cavendes por parte de las autoridades de la Superintendencia de Bancos y del Ministerio de Finanzas. Toda esta situación, aparte de la conducta en que pudo haber incurrido algún funcionario público subsumible en el tipo penal previsto y sancionado en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, debido a la vinculación de uno de los directivos del mencionado Banco de Inversión con la Asamblea Nacional Constituyente y los actuales máximos representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo.