A quemar fusibles

El martes santo en las primeras horas de la mañana, el secretario general de la Presidencia, Juan Hernández, entró al despacho del primer mandatario. Andrés Pastrana estaba pendiente desde hacía varios días de sostener una larga charla acerca de las acusaciones que pesan sobre él, en cuanto a una serie de contratos de la familia de su esposa con la Policía y el DAS. Aunque ya habían intercambiado algunas ideas sobre el asunto, el presidente y su más cercano colaborador desde hace muchos años no se habían sentado a estudiar el asunto en forma detallada.

Hernández le explicó punto por punto a Pastrana las acusaciones del senador Javier Cáceres en su contra, y presentó los argumentos de su defensa. Según Cáceres, una empresa de la familia de la esposa del secretario general, dedicada a la fabricación de uniformes y otras prendas de vestir, ha sido objeto de millonarias contrataciones por parte de la Policía y el DAS. Cáceres ha dicho que los contratos se incrementaron durante el gobierno de Pastrana, algo que Hernández desmiente al alegar que su familia política está dedicada desde hace cerca de treinta años a esta actividad, que desde entonces ha ganado contratos con la fuerza pública y otras entidades del Estado y que durante los dos primeros años de la administración Pastrana, el monto de las adjudicaciones se ha mantenido dentro de las proporciones que había alcanzado bajo el gobierno anterior, el de Ernesto Samper, en el que Hernández no gozó de influencia política alguna pues la polarización había alejado del ejecutivo a todos y cada uno de los pastranistas.

Hernández le dijo al presidente que, como amigo, estaba obligado a ser el primero de todos los altos funcionarios cuestionados en poner a disposición del mandatario su renuncia. «No hay aquí problemas jurídicos ni fallas éticas, pero si soy un obstáculo político para que usted saque adelante el referendo, si lo que tiene que hacer el gobierno es sacrificar gente para que el referendo siga adelante, yo me voy», dijo Hernández.

Pastrana, que en los primeros veinte meses de su mandato no se ha distinguido precisamente por su capacidad para entregar la cabeza de funcionarios cuestionados, le dijo que algunos amigos del gobierno, dentro y fuera del mismo, opinaban que había llegado la hora de sacrificar funcionarios. Pero enseguida le aclaró que él se resistía a hacerlo porque está convencido de que eso en nada contribuye a aliviar las tensiones y superar las crisis, «salvo en los casos en que los cuestionamientos son tan sólidos, tan contundentes, que el funcionario es insostenible».

Los fusibles
La tesis en que se basa la idea de que en casos como el actual, un jefe del Estado debe estar dispuesto a soltar aun a sus más cercanos colaboradores para que los cuestionamientos que los cobijan no afecten al gobierno, se basa en el hecho de que todos los altos funcionarios del ejecutivo son como fusibles y que deben estar listos a quemarse para evitar el corto circuito general que pueda chamuscar al primer mandatario.

Pero Pastrana no cree mucho en esa tesis. Por el contrario, sus ministros y secretarios le han oído decir muchas veces que lo de los fusibles «es puro cuento». Según el presidente, «cuando la oposición está encendida en contra del gobierno, si uno les entrega una cabeza por unos señalamientos de los que el sacrificado no ha tenido oportunidad de defenderse, lo que hacen los opositores es ir detrás de otra cabeza, con la ventaja de que las acusaciones en este segundo caso ya no tienen que ser tan sólidas pues la sensación de que hay corrupción generalizada se apodera del ambiente y vuelve frágil a todo el gobierno».

El primer mandatario piensa además que quemar funcionarios sin fórmula de juicio, sin mínimas garantías de un debate abierto y justo, equivale a negarle al acusado la oportunidad de defenderse. Hace pocos días, el propio Pastrana puso como ejemplo el caso del director de Planeación, Mauricio Cárdenas. «Qué tal -dicen que comentó el presidente a varias personas en una reunión- que hubiéramos quemado a Cárdenas por cuenta del caso Dragacol, el mismo en el que una y otra vez la Fiscalía se ha negado a llamarlo a juicio. Si lo hubiéramos sacrificado, habría quedado al lado de los verdaderos culpables, como un corrupto más, sin serlo, con su carrera vuelta pedazos».

Un tercer punto que Pastrana ha argumentado en contra de la tesis de los fusibles es que muchas veces quienes piden la renuncia de algunos de sus altos funcionarios son personajes que en el pasado fueron cuestionados y no asumieron sus respectivas responsabilidades políticas. El caso que más ha irritado al primer mandatario en medio de las tensiones de las últimas semanas fue el de una rueda de prensa del ex candidato liberal Horacio Serpa, en la que el líder opositor exigió que varios ministros se retiraran del gabinete de Pastrana por cuenta de sus responsabilidades políticas en distintos escándalos. «Después de que ni Serpa ni Samper renunciaron a sus cargos durante el mayor escándalo de la historia política, que cualquiera de ellos pida renuncias por responsabilidad política saca de quicio al presidente», comentó a CAMBIO un ministro del gabinete.

Los razonamientos de Pastrana han convencido a la mayoría de sus colaboradores. Pero la verdad es que esa actitud implica un grave riesgo para el gobierno. Solo en una ocasión, cuando las evidencias fueron tosudas en el caso del entonces embajador en México Diego Pardo Koppel, el presidente se comportó de un modo diferente y tras varias semanas de tire y afloje, le exigió la renuncia. Por cuenta de que este episodio ha sido la excepción y no la regla, la opinión pública está convencida no solo de que hay corrupción en las altas esferas del ejecutivo, sino de que además el presidente no hace lo suficiente para erradicarla.

Según el estudio de opinión Gallup.poll del mes de abril, la gestión del presidente Andrés Pastrana en materia de lucha contra la corrupción tiene una baja calificación. Solo el 31 Por ciento de los encuestados la aprueba, mientras que el 64 por ciento la desaprueba. Tres meses antes, en diciembre, el resultado era ligeramente más malo: la aprobación era del 26 por ciento y la desaprobación, del 67 por ciento. Todo indica que la propuesta del referendo en abril está en el origen de este ligero cambio, pero que aun así no hay duda de que Andrés Pastrana se raja en las encuestas en materia de lucha contra la corrupción.

El gobierno salpicado
El primer mandatario había decidido pagar ese costo hace varios meses, pero con la propuesta del referendo muchas cosas han cambiado. Primero, porque apenas estallaron los escándalos en la Cámara de Representantes y aun antes de que aparecieran, las pruebas que comprometían al entonces presidente de la corporación, el liberal colaboracionista Armando Pomárico, Pastrana fue quien, con la ayuda de su ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, se apresuró a pedirle que renunciara. La sensación de que el presidente no había usado con sus propios funcionarios cuestionados el mismo rasero que terminó utilizando con Pomárico, fue uno de los elementos que más indignó a los congresistas, en especial a quienes venían apoyando al ejecutivo.

Y segundo, porque en los escándalos de contratación en la Cámara, el gobierno terminó salpicado. El hecho de que el ministerio de Hacienda le hubiera girado más de 13 mil millones de pesos a las dos cámaras legislativas a principios de noviembre, cuando quedaban ya menos de ocho semanas para que ejecutaran esos recursos, es algo más que un hecho desafortunado para el ejecutivo. Como lo han señalado varios columnistas y críticos del papel desempeñado por la cartera de Hacienda en este caso, para el momento en que los recursos fueron girados, era imposible que las mesas directivas llevaran a cabo una contratación adecuada que permitiera ejecutar ese presupuesto. En escasas ocho semanas, era obvio que la ejecución se haría a las patadas. Y eso fue lo que sucedió.

El viceministro de Hacienda, Francisco Estupiñán, y el director de presupuesto, Ezequiel Lenis, han argumentado que tener que responder por una ejecución presupuestal solo porque ellos, dentro de las normas, giraron los recursos, equivaldría a que un día los hicieran responsables de la caída de un puente porque el ministerio de Hacienda apropió los recursos para la obra.

Pero más allá del debate sobre la validez de este y otros señalamientos -como los del ex director administrativo de la Cámara- contra los funcionarios de Hacienda (ver recuadro) y de los argumentos de defensa de estos, la verdad es que el cuestionamiento va mucho más allá de los elementos específicos de este caso, e incluso de este gobierno. La realidad es que desde hace muchos años en Colombia, los ministros de Hacienda y sus colaboradores han tenido en el Capitolio la sartén por el mango. No solo porque preparan el proyecto de presupuesto y siempre pueden destinar más dinero para la región cuyos representantes en las cámaras más los apoyen, sino porque tienen en sus manos el presupuesto de gastos e inversiones del propio Con- greso.

La caridad empieza…

Ejercer este poder para seducir a los congresistas y conseguir que aprueben los proyectos que el gobierno presenta ha sido uno de los factores más perversos y corruptores del sistema político colombiano. Como le dijo el fiscal Alfonso Gómez Méndez a CAMBIO hace tres semanas, para que las cosas cambiaran de verdad en el país «bastaría que algún gobierno permitiera la oposición y renunciara a halagar a los congresistas».

De hecho, la principal acusación que ha pesado durante estos veinte meses de gobierno sobre el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, ha sido justamente esa: que para construir una mayoría parlamentaria de la que el gobierno carecía al iniciarse la administración Pastrana, el titular de la cartera política organizó una elaborada operación de favores, halagos y presiones a los parlamentarios.

La senadora Ingrid Betancur, que acompañó a Pastrana en su candidatura pero luego rompió con el gobierno tras un duro enfrentamiento con Martínez, dijo hace algunos días a los periodistas que el ministro del Interior carecía de «la autoridad requerida para liderar el referendo anticorrupción, pues él ha sido el mayor sobornador del Congreso».

Uno de los hechos que ha cambiado a partir de la propuesta de referendo -‘referendo contra la corrupción’, como ha sido bautizado-, es que los pedidos de renuncia de altos funcionarios ya no se concentran exclusivamente en las toldas de la oposición. El martes en el diario El Tiempo, el analista Hernando Gómez Buendía, agudo señalador de la corrupción en el Congreso y a quien nadie puede identificar con las huestes del liberalismo oficialista, arrancó su columna de modo contundente: «Si de veras pretende golpear la corrupción, el presidente tendría que (…) despedir a los corruptos…» Gómez Buendía, al igual que muchos otros dirigentes que apoyan la propuesta de referendo, está aterrado ante la posibilidad de que la iniciativa, que está llena de enemigos en el Congreso y el conjunto de la clase política, naufrague porque el gobierno no sea capaz de hacer valer en materia de lucha contra la corrupción el adagio de que la caridad empieza por casa.

La gran pregunta es cómo va a resolver el presidente el dilema que se le plantea entre salvar el referendo sacrificando a algunos de sus más cercanos colaboradores, y su convicción de que la quema de fusibles no es el camino. Hasta hace pocos días, todo parecía indicar que una aplastante mayoría de congresistas le iba a hacer el favor de darle un motivo para desencadenar una crisis de gobierno en la cual empaquetar el cambio de varios funcionarios, entre los cuestionados y los que sin estarlo habían cumplido ya su ciclo en la administración.

«El presidente venía contemplando la posibilidad de aprovechar una moción de censura al ministro del Interior, para reacomodar todo el equipo de gobierno y adecuarlo a las necesidades del referendo», le explicó a CAMBIO un consejero presidencial. El problema es que el lunes santo, los congresistas que venían trabajando en el proyecto de moción contra Martínez comenzaron a dudar sobre la utilidad de dar este paso. «La verdad es que el propio Horacio Serpa habló con ellos y les hizo saber que censurar a Néstor Humberto podría ser un grave error, ya que saldría como víctima de un Congreso revanchista y corrupto, y eso lo catapultaría ante la opinión y le daría la oportunidad de salir a liderar el referendo», le explicó a CAMBIO un senador oficialista.

Pero aun si se confirma que los parlamentarios ya no van a ir por la cabeza del ministro del Interior, el presidente tiene la opción de desatar él mismo la crisis. Hay tres razones para remover altos funcionarios cuestionados. La primera es la responsabilidad penal, que hasta ahora no parece recaer en ninguno de los funcionarios acusados. La segunda es la cuestión ética, siempre llena de valoraciones subjetivas y discutibles. Y la tercera es la política. Si Pastrana considera que sus colaboradores señalados no caben ni en la primera ni en la segunda situación, debe evaluar si removerlos se justifica por la tercera. Si se trata de concentrar en el gobierno toda la credibilidad necesaria para librar la durísima batalla política y jurídica que hará falta para sacar adelante el referendo, entonces es posible que el presidente tenga que darse la pela de quemar fusibles. Al fin y al cabo con la situación generada por la propuesta de referendo y por el hecho de que este haya sido definido como purgante contra la corrupcion, al gobierno que lo promueve no le queda más remedio que tomarse la primera dosis.

El Fondo Interministerial

La acusación
El mayor escándalo de contratos irregulares en la Cámara de Representantes abrió una nueva polvareda que tocó al ministerio de Hacienda, en un debate que ha satanizado al Fondo Interministerial (FI).

Saúd Castro, ex director administrativo de la Cámara de Representantes y quien se acogió al mecanismo de colaboración con la justicia, expuso ante los fiscales hace dos semanas la relación que existe entre el ejecutivo y el legislativo, alegando que el gobierno entregaba dineros al Congreso para que este le tramitara proyectos de ley.

El 4 de noviembre, a menos de 57 días de terminar el año fiscal, la Cámara recibió las últimas asignaciones del año y según quienes hablan de un maridaje de corrupción entre gobierno y Congreso, esos recursos fueron prácticamente feriados con el pago de comisiones entre parlamentarios y contratistas.

La defensa
Sin embargo, el ministerio de Hacienda se defiende en dos frentes: explica por qué asignó recursos del Fondo Interministerial (FI) a la Cámara de Representantes y esclarece que las contrataciones de final de año no utilizaron recursos del FI, sino fondos del proyecto de ley de adición y traslados presupuestales aprobado en el Congreso en octubre de 1999.

El viceministro de Hacienda, Francisco Estupiñán, le explicó a CAMBIO que el FI destinó 7.867 millones de pesos en 1999, ya que el presupuesto de la Cámara tenía un déficit de diez mil millones de pesos. El FI, creado para financiar faltantes de funcionamiento de entidades públicas y de gastos de urgencia en emergencias como las del eje cafetero, tendió la mano a la Cámara de Representantes, puesto que el presupuesto destinado en 1999 fue de 93.025 millones de pesos, frente a 103.358 millones en 1998. Ante solicitud expresa de Armando Pomárico, ex presidente de la Cámara, de obtener 32.000 millones del FI, el ministerio solo aprobó 7.867 millones de pesos en 1999.

El ministerio también se defiende y explica que los 7.867 millones con cargo al Fondo Interministerial se asignaron entre el 12 de mayo y el 13 de octubre, recursos que perdieron importancia porque a finales de octubre el Congreso aprobó el proyecto de ley de adición y de traslados presupuestales. En otras palabras, el ministerio se defiende al afirmar que los recursos del FI no fueron utilizados para financiar las contrataciones de final de año y que solo cumplió funciones que le correspondían: asignar unas apropiaciones para que las entidades públicas cubrieran sus gastos. La responsabilidad de los contratos y sus pagos recae sobre el ordenador del gasto, que en este caso era Saúd Castro, ex director administrativo de la Cámara, y las funciones de fiscalización en la Contraloría.

El caso Hernández

La acusación
Según el senador Javier Cáceres, Juan Hernández, secretario general de la Presidencia de la República, se está lucrando de los contratos que su esposa, Julia Lucía Pardo Sabogal, tiene con el Estado, a través de la empresa Acertar Ltda. La firma fabrica uniformes para la Policía Nacional y el DAS.

Cáceres asegura que si bien Hernández ha dicho que la empresa, de la cual dependen también económicamente sus suegros, tiene negocios con la nación desde hace treinta años, él tiene cómo demostrar que en realidad se creó el 26 de diciembre de 1981. Para probarlo presenta la escritura pública número 2.176 constituida ante la Notaría 13 de Bogotá. También afirma que los contratos y, por ende, las utilidades han crecido aceleradamente después de que el secretario general de la Presidencia llegó a esa posición.

No ha explicado si el asunto viola o no el régimen legal de inhabilidades o incompatibilidades, pero sí ha sostenido que hay un problema ético de por medio. El parlamentario insiste en que sus denuncias no se relacionan en absoluto con una retaliación que se gestó en el Congreso contra el gobierno a raíz del anuncio de referendo hecho por el presidente Pastrana. «Las pruebas -asegura- llegaron a mi poder en diciembre del año pasado, cuando el tema no figuraba en la agenda de nadie».

La defensa

El principal argumento que esgrime el secretario general Juan Hernández es la tradición de la familia de su esposa como contratista de la fuerza pública y de otras entidades del Estado. Esa tradición se remonta a hace cerca de 30 años, aunque sólo desde 1981 haya sido creada la empresa Acertar Ltda. En efecto, Hernández demuestra que desde principios de los años setenta, su suegro Carlos Arturo Pardo Pardo, de manera directa o por medio de la empresa Confecciones Pardo Pardo, contrataba con entidades públicas la fabricación de uniformes y demás prendas de vestir.

En cuanto a la acusación de que el monto de los contratos ha crecido, Hernández la rechaza con cifras en la mano. Pone como ejemplo el hecho de que en los cuatro años de la administración Samper, cuando los pastranistas como él no sólo carecían de influencia sino que eran mal vistos en las oficinas gubernamentales, Acertar Ltda. obtuvo contratos con la Policía y el Ejército por más de 9.120 millones de pesos. En los casi dos años que lleva la administración Pastrana, los contratos han sumado alrededor de 5 mil millones y podrían totalizar unos 10 mil -si el ritmo de contratación se mantiene igual- al término del cuatrienio actual. Si a esa cifra se le aplica un componente inflacionario, resultaría que la firma de la familia de su esposa habría obtenido menos contratos bajo Pastrana que bajo Samper.