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La Asamblea Nacional lucha contra la indefensión

El régimen de Nicolás Maduro, sin dar soluciones a la complicada crisis venezolana, se vale de representantes de la más retrógrada izquierda de Europa y América, para defenderse, negar sus crímenes y ocultar sus excesos cometidos en contra de la oposición. Ante el expectante mundo, Maduro se esconde detrás de la propaganda política, de la vocería y la diplomacia demagoga. Miente y niega con descaro sobre la penosa crisis en que ha sumido al país. No escucha. Se mantiene mediante el maltrato, el engaño y la burla. Lo más despiadado y desigual es, que después de difamar, perseguir, disparar letalmente, torturar, asesinar y hundir en la cárcel a manifestantes, a líderes  estudiantiles y a dirigentes de los partidos políticos de la oposición, busca cambiar su imagen, por la paloma blanca de la paz que no ha alimentado ni deja volar. ¿Cómo podrá lograr la paz si no es imparcial y ve al país en rojo y rojo? En otras palabras, para Maduro, los derechos son para los revolucionarios, los otros son nadie, dejaron de ser apreciables. Si un opositor o disidente protesta y exige el cumplimiento cabal de la Constitución  y respecto a los DDHH, lo difama, amenaza, persigue y lo tilda de traidor a la patria. Así, en trato desigual, lo desatiende e impide su defensa, para intimidar al resto de la población. Acaso, ¿esto no es violar los derechos de personas? ¿Qué respuestas tendrán Atilio Borón, Noam Chomsky, James Petras, Jean Luc Mélenchon, Dominique de Villepín o Ignacio Ramonet, entre otros tantos políticos e intelectuales que apoyan a este régimen, cuando busquen y encuentren, no su verdad ni la del gobierno ni la nuestra, sino la verdad?

En un Estado de indefensión, de exclusión y parcialidad política, por lo general, la población no encuentra respeto a sus derechos. Por ello, inevitablemente, busca su defensa, en instituciones y organismos internacionales.   En consecuencia, presionada por los peligrosos escenarios políticos y por el estado de indefensión en que se encuentran los venezolanos, la Asamblea Nacional (AN)  denuncia los excesos del Gobierno de Maduro a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Unión Europea (UE), a gobernantes y líderes de la democracia de todo el orbe, en defensa de los derechos de cada connacional que respira dentro y fuera de Venezuela. Y todo, porque la población venezolana aspira tener gobiernos cargados de sindéresis, que respeten los Derechos Civiles y Políticos, que sean prospectivos en teoría y praxis, que en los hechos traigan libertades democráticas, equidad, riqueza, bienestar, prosperidad, progreso, desarrollo político, social y económico.

Los venezolanos, hijos de Simón Bolívar, como firmes seguidores de sus enseñanzas republicanas y democráticas, entienden, que por deber y derecho, han de defender a su país, porque quieren vivir en él y por él. Por ello combaten a todo vestigio de dictadura y parcialidad política.  Están convencidos, que la paz no se consigue bajo las botas represivas de la antidemocracia ni con una “Asamblea Nacional Constituyente” (“ANC”), que por capricho del poder unipersonal de Maduro,  imponga exclusión, inhabilitación y al más rapaz de los silencios. De los voceros principales de la “ANC”, se escuchan amenazas, enfocadas de manera peligrosa y obsesiva, en contra del liderazgo de la oposición, de la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué no denunciar, a su insolente, aterradora e ilegal acción de fuerza, tutelada desde el Poder Ejecutivo? Si estas ideas se consolidan, Maduro superará a los regímenes que asolaron a Europa, de opresión, muerte, escasez y hambre. Pues, a todas luces, se ve que usa a la “ANC”, como brazo inquisidor para institucionalizar el totalitarismo. Por ello, sin contrasentidos, la legítima Asamblea Nacional en uso de sus facultades, en defensa del pueblo venezolano y de la Constitución, busca restituir la República y los DDHH, la seguridad jurídica y agroalimentaria, la ciudadanía y las libertades democráticas. Como poder originario, este es su fundado deber y este su genuino derecho.

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