CNE negó reafirmazo en el exterior
Razones técnicas y logísticas se convirtieron en la justificación para que tres de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral se negaran a aprobar las jornadas de recolección de firmas en el exterior.
El rector Jorge Rodríguez, uno de los que votaron a favor de la resolución que niega la recolección de firmas fuera del país, señaló que la exigua cantidad de personas dificultaba la logística del proceso de acopio de rúbricas fuera del país. Rodríguez insistió en que las cifras que manejan voceros opositores (entre 200.000 y 400.000 personas) están equivocadas y que «son sólo 26.500 inscritos» en el Registro Civil Electoral en el exterior, que constituyen apenas 0,03% del total de electores.
Rodríguez también señaló que la medida obedece a la imposibilidad de «garantizar el principio de igualdad» (ya que los 26.500 inscritos no podrían firmar en el operativo del 21 al 24 de noviembre, porque no pertenecen a ninguna circunscripción para revocar el mandato de diputados).
Por su parte Oscar Battaglini, quien también estuvo de acuerdo con la medida, señaló que «no estamos violando ningún derecho de nadie» y dio otro argumento para negar la recolección fuera del país: Sería un proceso «que no estaría controlado, vigilado y regulado directamente por el CNE».
Se rompió la unanimidad
Esta resolución fue aprobada con el voto favorable del presidente del organismo, Francisco Carrasquero (quien no estuvo presente en la rueda de prensa ya que inemdiatamente después del Directorio partió rumbo al estado Zulia); Oscar Battaglini y Jorge Rodríguez. El vicepresidente Ezequiel Zamora y Sobella Mejías salvaron su voto.
Mejías leyó poco después de la rueda de prensa un comunicado en el cual rechazó la resolución y explicó los argumentos de su voto salvado. Destacó la violación de los artículos 21, 62 y 70 de la Carta Magna y dijo que hacer una distinción entre los electorales radicados en el exterior y los nacionales «viola el principio de la igualdad y participación política aparecido en la Carta Magna».
También echó mano de una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, en la que se aclaraba que toda persona que estuviese registrada hasta el día de cierre del Registro Electoral Permanente tenía derecho a sufragar y, en consecuencia, a participar en la recolección de firmas.
