De OPAs y otros temas

Esta terrible administración que dirige, no sabemos adonde, a los destinos de la nación, ha resuelto tomar la administración de dos empresas de servicio público que han venido brindando el mejor servicio a las colectividades servidas por ellas.

La Electricidad de Caracas, empresa que durante muchísimos años fue estandarte de las empresas nacionales poseídas por nacionales y que fue fuente de ahorro para un sector muy importante de la sociedad venezolana.

Esta empresa durante el año 2000 fue sometida a una OPA (Oferta pública de adquisición) por parte de una corporación norteamericana AES que hizo que la casi totalidad de sus acciones se traspasaran a una entidad extranjera y se cerrara un capítulo singular en los anales de la vida empresarial y bursátil de Venezuela.

Esta empresa, en una acción difícil de analizar, hace unos pocos meses lanzó una oferta de acciones a la consideración del público inversionista que hizo que su elenco accionario creciera hasta, tenemos entendido, algo así como sesenta mil accionistas.

CANTV, la empresa que domina el mercado de las comunicaciones telefónicas y similares, es una historia bien diferente. Esta empresa ha pasado en los años de su desempeño por tres etapas muy diferentes. Cuando nació, durante la primera mitad del siglo XX, la empresa fue promovida y manejada por inversionistas de origen británico. A mediados del siglo pasado y basándose en opiniones que alegaban un mal servicio, la empresa fue nacionalizada, entonces fue una empresa pública manejada desde el ejecutivo nacional y llegó a un extremo de mal servicio y corrupción que hacía casi imposible la consecución de una línea para instalar un teléfono, era insoportable el tiempo de espera desde que se descolgaba un aparato hasta que se lograba el acceso a una línea y se tenían que repetir varias veces los intentos de comunicación para lograr el éxito.

Durante la administración CAP II, dentro del esquema de privatización de empresas del Estado, se licitó la propiedad de la empresa y pasó a manos privadas. En esta operación se logró la simbiosis de accionistas mayoritarios que aportaron tecnología y una pléyade de inversionistas nacionales y extranjeros que atisbaron una oportunidad de negocio al adquirir estas acciones.

Sería triste ignorar que también se promovió con éxito el que los trabajadores de la empresa tomaran una participación en la propiedad de la sociedad.

El resultado no se hizo esperar. Al comienzo bajo la administración del amigo norteamericano Bruce Hadad, quien falleció trágicamente mientras se dirigía a Centroamérica en funciones de trabajo y luego, durante los últimos años bajo la dirección de Gustavo Roosen, la empresa dio un vuelco impresionante y hoy Venezuela cuenta con un servicio de comunicaciones de voz, imagen y datos que tiene niveles internacionales.

El gobierno nacional, con argumentos que parecen tener alto contenido hormonal y poco confesables intenciones, ha decidido tomar el control accionario y administrativo de ambas empresas.

Para ello realizó, aparentemente, conversaciones directas con los accionistas mayoritarios de ambas empresas y basándose en el discutible método CHAZ que se aplicó a varias propiedades agrícolas hace pocos años, estableció precio de las acciones de una y otra empresa que atropellan los derechos de todos los accionistas de las empresas y muy especialmente de los accionistas minoritarios.

Mas la situación es peor cuando analizamos el tratamiento que se le da a los accionistas nacionales y a los extranjeros.

Por esas aberraciones que se establecen cuando se maneja un mercado cambiario de manera artificial, a los accionistas extranjeros se les cancelarán sus acciones en moneda norteamericana mientras a los accionistas venezolanos se le pagarán sus títulos en bolívares al cambio oficial que es una fracción del cambio que se puede obtener a través de la intermediación con papeles públicos venezolanos o argentinos.

Lo trágico de toda esta situación es que todo sucede por la iniciativa de un gobierno y ante la mirada cómplice y alcahueta de su Comisión Nacional de Valores.