AN enviará carta de protesta al Gobierno de Trinidad y Tobago por naufragio de Güiria
La Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, inició con un minuto de silencio solicitado por el presidente (E) y del Parlamento, Juan Guaidó en honor a las víctimas del naufragio de Güiria, en el estado Sucre, y además aprobaron por unanimidad un acuerdo que instruye enviar una carta de protesta al Gobierno de Trinidad y Tobago, “por su actitud de complicidad ante la muerte de estos refugiados y migrantes venezolanos» e instar a la Comisión Permanente de Política Exterior a iniciar una investigación sobre ese suceso acaecido para determinar las responsabilidades.
El documento ratifica los tres días de luto y expresa un sentido pésame y solidaridad a los familiares de la victimas que perdieron la vida en búsqueda de protección internacional por razones humanitarias urgentes, al intentar cruzar al mar hacia Trinidad y Tobago, donde las autoridades de ese país, persisten en seguir actuando al margen del principio de no devolución y de los compromisos internacionales para migrantes y refugiados.
Al respecto, aprobaron un acuerdo que exhortan a las instancias internacionales y los gobiernos del mundo ejercer más presión para que el Gobierno de Trinidad y Tobago, deje de seguir violándole los derechos humanos a los migrantes y refugiados venezolanos, así mismo reiteraron, que la única manera que se detenga la migración forzosa es que Maduro y su estructura criminal abandonen el poder.
Proliferación de actividades delictivas
En vista de este hecho que enluta a la nación, David Smolansky, Comisionado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, invitado por el órgano unicameral, pidió abrir una investigación exhaustiva de lo que ocurre en el estado Sucre y Delta Amacuro concerniente a las mafias de tratas y tráfico de personas, contrabando, narcotráfico que involucra a cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro y bandas delincuencias afectas a la dictadura.
Lamentó la recurrente actitud inhumana, indolente y cruel que tiene Trinidad y Tobago contra los migrantes y refugiados venezolanos y subrayó que este es el tercer episodio que ocurre en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad Tobago, cuyas naciones son firmantes de la Convención de los Derechos Humanos, así como también, la Convención de los Refugiados de 1951.
“Perversamente estas bandas delincuencias se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas personas para traficarlas específicamente, mujeres menores de edad, por no tener comida y medicinas. Esto no puede seguir pasando y siendo ignorado por la comunidad internacional; por tal razón, se deben ejercer acciones concretas para que haya justicia y que Trinidad y Tobago cambie esa política migratoria que privilegia a la dictadura, en vez de proteger a una población vulnerable”, aseveró
40 mil venezolanos en Trinidad y Tobago
Smolansky recordó que en Trinidad y Tobago hay 40.000 venezolanos, de los cuales solamente se han podido registrar 16.000 para obtener su documentación legal y denunció que se han incrementado episodios de xenofobia, violencia doméstica y deportación que muchas veces terminan en muertes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
Llevarán el caso a ONU, OEA y Acnur
Le siguió en la discusión, el diputado Robert Alcalá, quien instó a la ONU, Acnur, OEA y los países del mundo a ejercer más presión para que el Gobierno de Trinidad para que cumpla con los tratados internacionales en materia migratoria.
El parlamentario catalogó de “crimen” que el gobierno trinitario haya lanzado al mar a estos conciudadanos indefensos y desprotegidos.
Recordó que hay cientos de venezolanos presos en jaulas sin haber cometido ningún delito, que desesperados por huir del hambre se trasladan a esa isla caribeña por mejores condiciones de vida.
Zarpes ilegales por 300 dólares
Alcalá cuestionó las declaraciones de funcionarios del chavismo e increpó diciéndoles que “no tienen más nada que investigar, sino detener la corrupción” en Sucre Delta Amacuro y Falcón que involucra a militares, policiales y civiles que permiten zarpes ilegales que tienen un costo de 300 dólares por persona hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe.
Paralelamente, el legislador Juan Pablo García dijo que mientras que “Maduro bailaba y se burlaba desde Miraflores”, el gobierno de Trinidad y Tobago de nuevo deportaba a venezolanos, sin impórtales su vida e integridad; en consecuencia, acotó que esas actuaciones originan desapariciones y muertes, como las recién ocurridas donde murieron ahogados 21 connacionales en las costas de Güiria.
