Oposición denuncia desconocer el paradero de algunos presos políticos
A paraderos desconocidos asegura la oposición venezolana que fueron trasladados distintos presos políticos de la administración de Nicolás Maduro, una acción que se llevó a cabo luego de que este diera la orden de que fueran movidos de las sedes militares y de inteligencia en las que se encontraban detenidos.
“Empezaron los traslados de una de las sedes de la FAES sin paradero conocido”, aseguró la diputada Adriana Pichardo a través de un mensaje que posteó en su red social Twitter.
De la misma manera indicó que algunos de los trasladados fueron Darío Estrada y Robert Franco, quienes fueron aprehendidos en diciembre de 2020, tras ser acusados de un supuesto complot que buscaría tratar de impedir la instalación de la Asamblea Nacional ilegítima en el mes de enero.
Otro de los trasladados fue el comisario retirado Rigoberto Moreno, por su vínculo con un camarero que trabajaba en el Palacio de Miraflores, Dani Castillo García, a quien le encontraron con cargas de explosivos, además de otras personas que no precisó sus nombres.
“Es peligroso y violatorio de los sus Derechos Humanos se esté ejecutando este tipo de medidas”, manifestó Pichardo.
De acuerdo a la información dada a conocer por la ONG Foro Penal, en el país hay 306 presos políticos.
Esta semana la opositora Delsa Solórzano habría indicado que estos ciudadanos serían trasladados a cárceles comunes, luego que la administración de Maduro publicara un decreto que ordenaba al Servicio de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), transferir la custodia de detenidos de sus sedes al Ministerio Penitenciario.
Este decreto que señala Solórzano cuenta con fecha del día 12 de mayo, el cual sostiene que la DGCIM y el SEBIN “deberán transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días”.
De la misma manera señala que ambas instituciones estarán en la obligación de adecuar su estructura, las normas de funcionamiento, al igual que sus manuales y procedimientos, aunque la medida no tiene mayores especificaciones.
Mediante un comunicado del fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, se pudo conocer que se envió un nuevo informe a la Corte Penal Internacional por el examen preliminar que realiza a Venezuela, que tanto el Sebin como la Dgcim están siendo reestructurados.
Solórzano reiteró que los traslados de los presos políticos a cárceles comunes es una situación muy grave, dado que las cárceles de Venezuela se cuentan entre las más peligrosas del mundo con cifras de 350 asesinados por año.
Agregó que está enviando las comunicaciones correspondientes a entes internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Interparlamentaria.
