Bolivia: anulan orden de arresto contra Evo Morales por delitos de terrorismo
Bolivia se mantiene en el primer plano noticioso luego del amplio triunfo de Luis Arce en las elecciones del pasado 18 de octubre y que espera al 8 de noviembre, fecha en el que asumirá como nuevo presidente de su país. A esto se añade la orden de un tribunal boliviano, que anuló la orden de arresto y varios actos del proceso abierto por supuestos delitos como terrorismo y sedición contra el expresidente Evo Morales, quien además pidió este martes que se respete la Constitución, después de que cientos de manifestantes pidiesen ante un cuartel del Ejército que «una junta militar» asuma el poder.
El juez Jorge Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, informó que la orden de arresto contra Morales fue levantada porque «se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa, ya que no se le citó debidamente«, mientras que Wilfredo Chávez, abogado local del exmandatario, detalló que interpuso un recurso de acción de libertad ante un tribunal constitucional para denunciar que «habían vulnerado absolutamente todos los derechos vinculados a la libertad, a la defensa y al debido proceso» y que el caso contra el expresidente fue una acción «deliberadamente política«.
Denuncia archivada
La denuncia contra Morales por terrorismo y sedición fue interpuesta por el Ministerio de Interior de Bolivia en noviembre de 2019, al poco de asumir el poder de forma interina Jeanine Áñez, cuando el líder cocalero estaba entonces en México, donde se encontraba antes de partir hacia Argentina.
La acusación se basó en un video en el que se atribuye la voz de Morales para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en Bolivia.
Lo cierto es que la decisión del juez llega después de la victoria electoral del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que consiguió el triunfo en las presidenciales por intermedio de su candidato Luis Arce, así como en los comicios legislativos, en donde la formación de izquierdas obtuvo la mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.
Gobierno: decisión «servil»
Al respecto, el Gobierno interino de Bolivia expresó este martes su malestar hacia la Justicia del país tras la retirada de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.
El ministro interino de Interior, Arturo Murillo, denunció un «servilismo» de la Justicia hacia el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), ganador de las recientes elecciones en Bolivia.
Grupo llama a militares
Y con cánticos como «La patria está en peligro, auxilio militar«, un grupo de manifestantes opuestos a los resultados electorales exigió que las Fuerzas Armadas tomen el poder en el país.
El reclamo lo hicieron frente al cuartel de la Octava División del Ejército, en Santa Cruz, la región más rica del país y tradicionalmente opositora al MAS de Morales. En la protesta, se leían pancartas con frases como «Oremos por Bolivia y un Gobierno temeroso de Dios» o «No quiero un país comunista».
Hasta el momento, ni el estamento militar ni el Gobierno interino de Jeanine Áñez se han pronunciado sobre estos hechos.
El que sí se manifestó fue el propio Morales, que a través de su cuenta en Twitter señaló que «la Constitución es muy clara sobre el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; nosotros, como lo hicimos siempre, respetaremos su institucionalidad«.
Piden enjuiciar a Áñez
En cuanta a la mandataria próxima a concluir su mandato, una comisión parlamentaria resolvió recomendar abrir dos juicios de responsabilidades contra Jeanine Áñez y parte de su tren ministerial, por presuntas masacres de manifestantes ocurridas en los primeros días de su gestión transitoria.
El informe promovido por un grupo de diputados refiere a la muerte de más de 20 manifestantes como consecuencia, supuestamente, de la represión de fuerzas militares y policiales contra grupos que rechazaban el golpe de Estado de noviembre de 2019 que derribó a Evo Morales y subió al poder a Áñez.
La investigación parlamentaria, que se debatirá este jueves 29 de octubre, pedirá también enjuiciar a la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, al titular de Interior, Arturo Murillo, además de juicios ordinarios contra los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, y de la Policía, Yuri Calderón.
