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Bolsonaro ratifica proyecto para evitar comprar energía venezolana

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ratificó la iniciativa de construcción a partir de este año de una línea gigante de transmisión de energía en la Amazonía para evitar así la dependencia de comprar electricidad a Venezuela, país con el que no se tienen buenas relaciones bilaterales.

De acuerdo con el jefe de Estado, se pretende que antes de finalizar este año se comience la construcción de la línea de transmisión eléctrica Tucurui, que con 700 kilómetros unirá a Manaos y Boa Vista, dos de las principales capitales de la Amazonía con «energía producida en la región».

Las inversiones para la obra, apuntó Bolsonaro serán por el orden de los 1.000 millones de reales (unos 250 millones de dólares). En febrero, el Gobierno declaró la construcción de la línea de transmisión como un asunto de «interés nacional».

El proyecto prevé el tendido de una línea de transmisión de energía para conectar Roraima, estado fronterizo con Venezuela, al sistema nacional y que de esa manera deje comprar el 50 % de la energía que necesita al vecino país, como ocurre actualmente.

Esa línea de transmisión de energía, que será abastecida por la hidroeléctrica de Tucuruí, en el Amazonas. La obra, cuya construcción se anunció en 2011 para ser terminada en 2015, aún no ha comenzado por asuntos jurídicos relacionados con licencias ambientales.

Caso Lula

Lula Da Silva / Foto: Cortesía

Por otra parte, la Corte Suprema de Brasil decidió este jueves que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional, lo que puede llevar a liberar a miles de presos, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5, fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.

Sin embargo, según la decisión, una pena de prisión solo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a ocho años, aún contempla un último recurso, ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.

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