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Centroamérica vive «una de las crisis de refugiados más invisibles del mundo»

Amnistía Internacional (AI) declaró en un informe que Centroamérica vive «una de las crisis de refugiados más invisibles del mundo», derivada de la pobreza e incapacidad de los Estados para detener el auge de las pandillas y la violencia que generan, especialmente en los países que conforman el Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala).

La situación de desprotección impulsa a miles de ciudadanos del Triángulo Norte centroamericano a abandonar sus hogares para buscar, muchas veces, algo tan básico como su integridad física, dijo Amnistía en su informe «¿Hogar Dulce Hogar?: El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados», divulgado este viernes en Tegucigalpa.

Amnistía señala que el Triángulo Norte es una de las regiones «más peligrosas» del mundo, con 17.522 personas asesinadas en 2015.

La actividad de las pandillas se «incrementó junto con la llegada de miembros de esas bandas expulsados desde Estados Unidos y con la influencia de los cárteles de la droga en la región», especialmente en el Triángulo Norte, señaló.

Amnistía indicó que «la incapacidad» de los tres países para detener «el rápido crecimiento» de las pandillas y el control que ejercen en la región, unida «a la complicidad y los abusos de fuerzas de seguridad y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, frecuentemente corruptos, ha dejado a la población desprotegida y en peligro de ser víctima de violencia».

La violencia causada por las pandillas no solo amenaza la vida y seguridad de los centroamericanos, sino también «su capacidad de disfrutar de otros derechos humanos, entre ellos a la libertad de circulación y a la educación», añadió, y asegura que «es un factor de expulsión clave» en El Salvador y en Honduras, donde sus niveles y el incremento del territorio controlado por las pandillas afectan «el derecho de las personas a la vida, la integridad física, la educación y la libertad de circulación».

En ambos países, aseveró la organización global no gubernamental, las mujeres «sufren cada vez» por la criminalidad.

En el caso de Guatemala, Amnistía considera que la migración es causada por «numerosos factores de expulsión vinculados a menudo a unos niveles de desigualdad históricamente altos».

Otros aspectos a considerar

Los niños y los jóvenes del Triángulo Norte sufren la posibilidad de ser reclutados por las pandillas de manera forzada o a la explotación sexual.

Otros sectores, especialmente los empresarios y trabajadores del transporte, son víctimas de la extorsión, el sustento económico de las maras (pandilla juvenil organizada y de conducta violenta, de origen hispanoamericano) que «es endémica», precisó Amnistía.

Según cifras de la Fuerza Nacional Antiextorsión hondureña, citadas en el informe, los salvadoreños pagan 390 millones de dólares en extorsión; los hondureños, 200 millones, y los guatemaltecos, 61 millones de dólares, aunque se cree que las cifras reales son mucho más altas.

Amnistía destacó que la vida cotidiana en la región es «una batalla constante y, sin perspectivas de protección y justicia en su país, quienes viven en los márgenes de la sociedad sienten a menudo que su única esperanza de supervivencia es la huida».

Lo anterior ha creado «una de las crisis de refugiados más invisibles del mundo», ya que el número de personas procedentes del Triángulo Norte que solicitaron asilo, especialmente a Estados Unidos, pasó de 8.052 en 2010 a 56.097 en 2015, lo que supone un alza del 597 %, según Amnistía.

Cuestionó además la «falta de reconocimiento del desplazamiento interno» por los Estados, quienes insisten en «minimizar la importancia de la violencia como factor de expulsión» y señalan que la mayoría de sus ciudadanos se va en busca de mejores oportunidades económicas o para reunirse con familiares.

Además señaló que Estados Unidos y México no cumplen sus obligaciones internacionales respecto a las personas que necesitan protección internacional, lo cual causa que los países del Triángulo Norte tengan que hacer frente a la llegada de «una cantidad sin precedentes» de inmigrantes deportados, muchos de ellos con «graves necesidades de protección».

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