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Contradicciones sobre muerte de Nisman alimentan escándalo

Las contradicciones en torno a la existencia de un borrador de la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, en el que pedía su detención por encubrimiento de terroristas, han agravado el escándalo político provocado por la muerte del fiscal.

La Justicia confirmó hoy que se encontraron borradores en los que pedía la detención de la presidenta, del canciller Héctor Timerman y del dirigente kirchnerista Andrés Larroque.

El contenido de esos borradores no está en la demanda que finalmente presentó Nisman contra Cristina Fernández el 14 de enero por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes del atentado contra una institución judía de Buenos Aires que dejó 85 muertos en 1994.

La fiscal a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, admitió hoy que se encontraron borradores «con el pedido de detención de la señora presidenta», tal y como adelantó el diario Clarín el pasado domingo, y reconoció que incurrió en un «error de interpretación» al negarlo inicialmente en un comunicado.

El borrador de la denuncia, según divulgó hoy Clarín, pide la detención y la prohibición de salida del país de la presidenta, el canciller y el diputado Larroque «previo proceso de desafuero, remoción o juicio político, según corresponda».

La nueva documentación aportada hoy por Clarín ha obligado a la fiscal Fein a rectificar y la ha puesto en entredicho, mientras el Ejecutivo califica el hallazgo en la basura de Nisman de un borrador redactado hace siete meses como un «despropósito» y lo atribuye a la mano negra de los servicios secretos.

«Si quieren ser benévolos, (Nisman) la tuvo (la denuncia) el día 14 de enero y aparece muerto el día 18, ¿cuatro días sin limpiar el departamento? Eso es un despropósito», dijo hoy el secretario general de Presidencia, Aníbal Fernández.

Fernández apuntó también contra la fiscal Fein por su «papelón» después de que este lunes «saca un comunicado como el que sacó, y nos dice que no había ningún borrador».

Un error en el que la oposición ve una maniobra de la fiscal general, Alejandra Gils Carbó, cuestionada por su proximidad al Gobierno.

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