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CPI avanza «significativamente» en denuncias sobre crímenes de lesa humanidad contra Maduro

Se avecina la etapa final en la valoración de los documentos referidos a los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por la gestión de Nicolás Maduro. Así lo adelantó la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien afirmó que en «los próximos meses» se tomará una decisión al respecto.

«No hemos estado ignorando la situación y hemos revisado una gran cantidad de información. Por el contrario, puedo decir que hemos avanzado de manera significativa en nuestra valoración sobre si los crímenes que se alegan sucedieron en Venezuela equivalen a crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. Espero finalizar la valoración sobre este tema en los próximos meses», dijo Bensouda acerca del trabajo desarrollado por el organismo, que ha sido criticado en varias oportunidades por la lentitud con la que lleva a cabo el proceso.

Al respecto, la abogada nativa de Gambia, adujo en una entrevista al Grupo Diarios de América que «son muchísimos documentos y tuvimos que hacer muchas traducciones». En ese sentido, Bensouda había detallado en unas declaraciones en el mes de mayo que ha recibido dos remisiones para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela: una interpuesta en septiembre de 2018 por parte de seis países (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) por los supuestos abusos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y otra del propio Gobierno de Maduro en febrero del presente año, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

«Tenemos que analizar toda la información que hemos recibido», señaló la fiscal, quien explicó que ambas denuncias se están analizando por separado.

Siguiente paso: la admisibilidad

Por otra parte, Bensouda recordó que las remisiones entregadas por los países «no llevan automáticamente a la apertura de una investigación», pero si su oficina concluyese que se cumplen los criterios para pasar a evaluar la admisibilidad, no tendría que requerir una autorización a una sala de cuestiones preliminares, tal y como ocurre en los casos en los que no existe la remisión de un Estado Parte.

Del mismo modo, si la Fiscalía decidiera no seguir adelante con la investigación, los países que han presentado las remisiones «pueden pedir una revisión judicial a una sala de cuestiones preliminares de la CPI», indicó Bensouda.

La solicitud a la CPI llevada a cabo por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú en 2018, se hace al amparo del artículo 14 del Estatuto de Roma, por el cual se constituyó la Corte, el cual faculta a los Estados Parte, como es el caso de los firmantes, a remitir una situación de este tipo y solicitar su investigación.

En aquella oportunidad, Bensouda puntualizó que «hay denuncias que indican que las fuerzas de seguridad, con frecuencia, usaron la fuerza excesivamente para dispersar o reprimir manifestaciones y arrestaron a miles de integrantes de la oposición, reales o presuntos».

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