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Ecuador: Tribunal devuelve cargos a diputados destituidos

El presidente Rafael Correa rechazó la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que permitió la restitución en su cargos a 51 diputados, que habían sido destituidos a inicios de marzo por el Tribunal Supremo Electoral, y calificó la decisión como «una nueva jugarreta de la partidocracia».

En rechazo a la decisión, militantes de un partido de extrema izquierda protagonizaron incidentes en el edificio del organismo constitucional.

«El Tribunal Constitucional ha pactado de la forma más vergonzosa con los 57 diputados destituidos», aseguró Correa desde la ciudad de Machala, cerca de la frontera con Perú.

Dijo que el fallo evidencia una «nueva jugarreta de la partidocracia», en referencia a los partidos políticos opositores a los que ha calificado de «mafias» y a los que venció contundentemente en la consulta popular del 15 de abril que dio paso a una asamblea constituyente, promovida por el gobierno.

El mandatario anticipó que esa resolución «todavía no está ejecutoriada» y que si los legisladores destituidos «intentan entrar a la brava (al Congreso el martes) y alterar el orden público, habrá incluso que mandarlos a prisión».

Señaló que se deberán tomar acciones penales contra el TC porque «es demasiado flagrante la violación a los procedimientos, las leyes».

El presidente del TC, Santiago Velásquez comunicó a la prensa que la decisión se tomó con el voto de seis de los nueve vocales que integran el Tribunal, que es la máxima instancia a la que le compete dirimir la legalidad de las resoluciones en el país.

El TC decidió a favor de los legisladores en base a la apelación que uno de los afectados presentó luego de que un juez de la localidad de Rocafuerte negara un recurso de amparo.

El Tribunal Supremo Electoral decidió el 7 de marzo cesar en sus cargos a 57 de los 100 legisladores del Congreso por obstaculizar la consulta popular.

Sólo se restituyeron los cargos a 51 de los 57 diputados, que fueron quienes firmaron inicialmente el recurso de amparo que había sigo negado.

Alfonso Harb, uno de los diputados beneficiados con el fallo, consideró que el gobierno «entra a una dura prueba: o lo acata (el fallo) … y demuestra que estamos en un estado derecho o no lo acata y entonces quedaría absoluta y abiertamente consagrada la dictadura».

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, dijo en entrevista a radio Quito que la resolución era «un mamotreto» y que era «inejecutable» por lo que anunció presentará una acción penal contra los miembros del organismo constitucional.

En la misma emisora, Tarquino Orellana, uno de los vocales del TC, decidió abandonar la sesión en la que se resolvió el tema de forma «deplorable» porque se tomó la resolución «de modo precipitado e irregular» ante amenazas del Congreso de nombrar nuevos funcionarios en ese organismo.

Un grupo militantes del partido de extrema izquierda Movimiento Popular Democrático, que rechazó la decisión del TC, ingresó al edificio a la fuerza y se tomó la sala de sesiones. En las afueras, otras personas que pugnaban por entrar fueron repelidas con gases lacrimógenos por la policía.

«No vamos a permitir esta arbitrariedad … no vamos a dejar que entren los diputados», aseguró Stalin Vargas, dirigente del partido político, quien anticipó que manifestantes se reunirán el martes en las afueras del Congreso para impedir el paso de los diputados destituidos.

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