Gobierno colombiano traslada más de 500 detenidos por hacinamiento carcelario
El ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes, reconoció hoy el hacinamiento en los centros de detención provisional de Bogotá y anunció el traslado de más de 500 reclusos a diferentes cárceles de la capital.
La situación de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) a la que hizo referencia el ministro ha sido denunciada desde hace meses por diversas entidades, como la Defensoría del Pueblo, con advertencias del riesgo que supone la sobrepoblación en estos establecimientos.
Según dijo el ministro, en el transcurso de esta semana el Gobierno aspira «a mover 150 personas más» y próximamente se harán otros movimientos «con el fin de descongestionar las URI» y evitar situaciones como las ocurridas ayer en dos sedes del sur de Bogotá.
Entre la noche del domingo y la madrugada de hoy, detenidos de la URI del barrio Kennedy, que tiene una capacidad máxima de 50 personas pero albergaba a 185, golpearon a los agentes de guardia para escapar del centro, según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Aurelio Ordóñez.
Un motín similar fue registrado en la URI de Tunjuelito, donde un grupo de detenidos saltó hacia el tejado de casas vecinas para escapar.
En total, 25 detenidos huyeron de los dos centros, de los cuales 12 fueron recapturados horas más tarde.
Según un informe realizado por la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, el hacinamiento en las URI en Bogotá supera el 200 %.
Estos motines se unen al registrado el pasado sábado, cuando una revuelta en el interior de una URI de Barranquilla (norte) hizo que las autoridades trasladaran a dos prisiones de la ciudad a 35 detenidos que también protestaban por hacinamiento, afirmó la Defensoría del Pueblo.
La situación puede agravarse con el anuncio del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de que el próximo jueves iniciará una huelga para no aceptar más detenidos en las cárceles debido al alto porcentaje de hacinamiento.
Los agentes del Inpec empezaron en agosto pasado en algunas cárceles una «operación reglamento» consistente en la no admisión de más detenidos para presionar a las autoridades a una solución definitiva del problema.
