Gobierno: Denuncia contra Fernández es una «patraña»
El Gobierno argentino calificó este jueves de «patraña» la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas iraníes y la atribuyó a un complot judicial con ayuda de grupos de inteligencia y mediáticos.
Mientras Fernández guarda silencio, el Ejecutivo cerró filas para defenderla de las acusaciones del fiscal Alberto Nisman, que sostiene que la presidenta dio instrucciones para la firma de un acuerdo con Irán que presuntamente implicaba encubrir a los autores del atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos.
«Se trata de una decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional», afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El alto funcionario subrayó que el memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 pretendió «garantizar el esclarecimiento» del peor atentado antisemita perpetrado en el país.
La denuncia de Nisman, dijo, responde a una «estrategia de carácter corporativo con algunos miembros y sectores del poder judicial con grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos con objeto no solo de hostigar al Gobierno sino de pretender su desestabilización permanente en una clara actitud golpista».
«No es solamente la decisión aislada de un actor, el fiscal Nisman», sino una estrategia impulsada por los citados grupos junto a agentes de inteligencia nacionales «e internacionales y de intereses estratégicos internacionales en contra de la República Argentina», agregó
Capitanich llegó incluso a afirmar que la demanda es parte de una estrategia mediática «para contrarrestar las buenas noticias», como el récord de turistas en la costa argentina de este verano.
La denuncia penal presentada este miércoles por Nisman alcanza también al canciller Héctor Timerman, al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D’Elia, Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, el exfiscal federal y exjuez de instrucción Héctor Yrimia y el referente comunitario iraní Jorge «Yussuf» Khalil.
Timerman salió a acusar a Nisman de «mentir» y de dejarse guiar en sus investigaciones por Jaime Stiuso, recientemente relevado como jefe de Operaciones de los Servicios de Inteligencia.
«Luego de años de contar con el respaldo político de Néstor Kirchner y la actual presidenta, el fiscal acusa vilmente a la política más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado terrorista», denunció.
Timerman defendió sus argumentos citando al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, que reconoció hoy que no fue informado de las escuchas presentadas por Nisman para avalar su denuncia y que advirtió que «hubo una confusión de roles porque el que debió conducir la investigación fue el fiscal y debió conducir a los elementos de inteligencia que cooperaban».
«Me parece que terminó siendo al revés», dijo.
«Mientras Cristina Kirchner hacía de la causa AMIA una cuestión de Estado, el fiscal Alberto Nisman la investigaba. Nisman debería aclarar que lo llevó a tomar esa decisión sin informarle al juez de la causa AMIA y, más grave aún, si lo consultó u obedeció al agente de inteligencia Jaime Stiuso», dijo el canciller.
«Que los servicios de inteligencia conduzcan al Poder Judicial nos remite a las noches más negras de la historia de las dictaduras en nuestro país y en resto del mundo», insistió Timerman, que afirmó que el Gobierno argentino en ningún momento presionó para que se levantaran las alertas rojas de Interpol contra los sospechosos del atentado prófugos.
Entre tanto, la jueza María Servini de Cubría dictaminó hoy que no interrumpirá la feria judicial por las vacaciones de verano para que la denuncia sea tramitada con celeridad, al considerar que no se ha acompañado de «elementos probatorios».
La denuncia de Nisman ha conmocionado a la comunidad judía y a los familiares de las víctimas.
«Nisman no es ningún tonto y si presenta una denuncia que involucra a la máxima autoridad del país, es que debe haber evaluado que las pruebas tienen la suficiente solidez», afirmó a Efe Luis Czyzewski, familiar de una de las víctimas de la AMIA, para quien «lo fundamental es que la justicia pueda evaluar la denuncia como corresponde, sin intervenciones política».
El atentado contra la AMIA causó 85 muertos y 300 heridos el 18 de julio de 1994, dos años después de que una bomba explotara frente a la embajada de Israel en Buenos Aires y provocara 29 víctimas mortales.
La investigación atribuye a Irán y a la organización Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.
