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HRW denuncia tolerancia de miembros del Gobierno y la fuerza pública con nuevas bandas criminales

Fiscales y miembros de la Policía de «alto rango» denunciaron ante esta ONG la supuesta complicidad con las bandas que han reemplazado al paramilitarismo en varias regiones del país.

El señalamiento eso solo uno entre las varias sorpresas que trae un extenso reporte hecho público hoy por HRW durante una conferencia de prensa en Bogotá y en el que detallan el «brutal impacto» que están causando los grupos estos Colombia.

Titulado ‘Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia’, el informe cuenta con 126 páginas y es el producto de dos años de investigación, visitas al terreno y cientos de entrevistas. Vea aquí el especial multimedia Amenazas mortales: sucesores de los paramilitares en Colombia de HRW.

De acuerdo con HRW, la supuesta «tolerancia» denunciada por estos funcionarios coincide con los testimonios de pobladores en las áreas más afectadas. La ONG aclara, no obstante, que el fenómeno se estaría presentando a nivel local.

«Existen vínculos con la fuerza pública, Fiscalía, Policía, DAS. Se mueven como pez en el agua. Cualquier operativo, les avisan y se van de la zona. Eso impide que se hagan capturas. Tienen una red de informantes muy compleja, desde la señora de la tienda hasta el mototaxista. Con una llamada telefónica, ya. Están muy fortalecidos en las zonas», dice en el reporte Miriam Cecilia Medrano, la coordinadora de los fiscales especializados que investigan a los grupos sucesores.

Según sostuvo Medrano a HRW, el problema también es evidente en Meta donde «vínculos con la fuerza pública impiden las ordenes de captura de alias ‘Cuchillo’ (uno de los jefes) y del conocido jefe del narcotráfico alias ‘Loco Barrera’….»

En muchos otros testimonios los nombres están excluidos por razones de seguridad. HRW también se expresa preocupación por que el «gobierno no ha tomado medidas efectivas para identificar, investigar y sancionar a funcionarios del estado que, según se informa, tolerarían a los grupos sucesores».

Según las cifras que ofrece HRW, el cálculo modesto es que los grupos cuentan con más de 4.000 miembros y tienen presencia en 24 de los 32 departamentos del país. HRW, denuncia a su vez que el gobierno no está enfrentando el problema con la debida «seriedad» aunque le reconoce algunas acciones.

«Independientemente de cómo se les llame a estos grupos ¿paramilitares, bandas criminales u otra denominación¿ no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los derechos humanos en Colombia.

Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores cometen gravísimas atrocidades y deben ser detenidos», dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. El estudio de la ONG se concentró en cuatro regiones específicas: la ciudad de Medellín, la región del Urabá chocoano, y los departamentos de Meta y Nariño.

De cada uno de ellos presenta historias de personas, con videos incluidos, en las que narran los abusos que se cometen. Entre ellos masacres, desplazamiento, ejecuciones, violación de mujeres y extorsión. Dice, por ejemplo, que el surgimiento de los grupos coincide con incrementos significativos en los índices de desplazamiento a nivel nacional y que se concentran en zonas donde han estado activos.

Menciona, a su vez, como los grupos serían parte de la causa de la violencia que se viene registrando en Medellín, donde la tasa de homicidios se ha casi duplicado en un año. Para la ONG, el surgimiento de estos grupos era predecible y le dedica a este tema cuantiosas páginas. En gran parte por qué el gobierno colombiano no desarticuló las redes criminales de los grupos paramilitares que se sometieron al proceso de desmovilización entre 2003 y 2006.

La ONG también critica que el gobierno no está garantizando los recursos que requieren las unidades de la Policía que combaten a los grupos ni para los fiscales que investigan los casos. Recalca, así mismo, que se han demorado en financiar el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, un instrumento que consideran clave para la protección de la población civil. El texto en su totalidad se puede consultar en http://www.hrw.org/node/88065

«Informe es sesgado y político»: Mindefensa

El ministro de defensa, Gabriel Silva, señaló que es equivocado. «Human Rights Watch tiene una posición ideológica y no acepta la revisión de información objetiva por parte nuestra.

Tiene opiniones equivocadas, sesgadas, con intenciones política; tanto que se mete en el proceso judicial y electoral de Colombia, por lo que consideramos que el informe refleja una posición política».

Añadió que se reunirán esta tarde con representantes de la ONG para presentar la posición del Gobierno.

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