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Informe de la ONU describe años de horror en cárceles de la inteligencia venezolana

A juicio de la abogada venezolana Sara Fernández, el informe muestra que la tortura en Venezuela "no es un hecho aislado, (sino que) forma parte de un plan delineado por altos funcionarios del Gobierno"

Decenas de personas han sufrido torturas y maltratos en centros de detención de los servicios de inteligencia venezolanos, describe un informe publicado este martes por la ONU. Además, señala a Nicolás Maduro y a los directores de esos órganos como principales responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

El informe, elaborado por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo día 26, describe el horror de esos centros, especialmente el Helicoide, sede principal del Sebin (inteligencia civil) y Boleíta, su homólogo militar de la Dgcim.

El Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) «son parte de un mecanismo diseñado para ejecutar el plan gubernamental de reprimir la disidencia y apuntalarse en el poder», destacó la presidenta de la misión, Marta Valiñas, al presentar el informe.

Éste cita a 11 personas como principales responsables de los abusos cometidos en estos centros, y en el caso del Sebin señala al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese periodo, Ronny González.

En el caso de la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.

Otros cuatro responsables de estos abusos, a menudo cometidos por ellos en persona, son mantenidos en el anonimato por el informe, lo que en palabras de Valiñas se hace para «evitar que sean utilizados como chivos expiatorios mientras funcionarios a más alto nivel huyen de la rendición de cuentas».

Los abusos que se describen en el informe, elaborado en base a 246 entrevistas confidenciales a víctimas, familiares y exfuncionarios, incluyen golpes con objetos tales como bates o mesas, asfixias con bolsas de plástico o humo de granadas, descargas eléctricas a los detenidos o violaciones, algunas con palos de madera.

También se denuncia el uso de la «señorita», un dispositivo de tortura mediante la introducción de la víctima en tanques de agua, abusos psicológicos denominados «tortura blanca«, amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos, o colocación de alfileres debajo de las uñas.

Aunque el periodo con más detenciones en estos centros fue el comprendido entre 2016 y 2019, «las violaciones en ambas agencias continúan hoy en día, en un clima de total impunidad«, hasta el punto de que muchos de sus autores han sido ascendidos en años recientes, añadió el miembro de la misión de la ONU, Francisco Cox.

El informe aporta pruebas de al menos 93 detenidos por el Sebin y 122 por la Dgcim, de los que se torturó al menos a 51 y 77, respectivamente, y los testimonios permiten concluir que al menos 70 personas continúan detenidas en el Helicoide y entre 15 y 20 en los sótanos de Boleíta, ambos situados en la capital caraqueña.

También rebela que agentes cubanos instruyeron y participaron en actividades de contrainteligencia de la Dgcim, o que miembros de las dos agencias extorsionaron a detenidos sólo por dinero o robaron directamente en sus domicilios.

Maduro «participó en la selección de los objetivos» de estas agencias, que incluyeron militares, políticos opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y participantes en protestas contra el gobierno, siempre según el documento.

Irregularidades

Muchas detenciones se llevaron a cabo con numerosas irregularidades, como la falta de órdenes de arresto o la colocación de pruebas falsas en el domicilio de los objetivos, a lo que siguió el uso de la tortura para presionar a los detenidos.

Las víctimas estuvieron detenidas días, incluso semanas, a menudo en celdas sin luz natural ni baño, teniendo que hacer sus necesidades en bolsas o botellas, aunque en el caso del Sebin a cambio de dinero podían acceder a zonas con más «privilegios», revela el informe.

En el caso del Sebin, exempleados que hablaron con los investigadores de la ONU de forma confidencial aseguraron que las torturas en ocasiones eran ordenadas directamente por Maduro.

También se señala que el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado el hombre con más poder en el país tras Maduro, impartía órdenes al director general del Sebin.

La misión tripartita de la ONU, que incluye a Valiñas (Portugal), Cox (Chile) y a la argentina Patricia Tapattá, confía en que su informe ayude a la rendición de cuentas por estos abusos, ya sea dentro de Venezuela -algo complicado por la falta de independencia judicial que ellos mismos denuncian- o a nivel internacional.

En este caso, Cox recordó que la Corte Penal Internacional abrió el año pasado investigaciones sobre Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, aunque el Gobierno de Maduro ha presentado recursos para paralizar el caso.

La misión investigadora de la ONU termina su mandato de dos años este mismo mes, y el Consejo de Derechos Humanos deberá decidir en su actual sesión si lo renueva (para ello necesita la mayoría de sus 47 miembros, entre los que se encuentra la propia Venezuela).

«Esperamos que se pueda seguir investigando a las autoridades venezolanas, porque nuestro principal propósito es detener la tortura y las graves violaciones a los derechos humanos que sufre la oposición«, aseguró Tappatá.

Exiliados venezolanos se congratulan de informe de la ONU

Organizaciones del exilio venezolano en Miami celebraron este martes que una misión de la ONU haya «ratificado» sus denuncias sobre la existencia, en Venezuela, de una maquinaría para reprimir la disidencia, que incluye la comisión de crímenes de lesa humanidad.

La abogada Helene Vilalloga, presidenta y directora ejecutiva de Amevex, una plataforma de organizaciones venezolanas en EE.UU., consideró «excelente» el informe publicado por una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.

«Finalmente vemos los frutos de una acción que nació en 2008 cuando denunciamos a (Hugo) Chávez (entonces presidente de Venezuela) en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por los crímenes de lesa humanidad y posteriormente se sumó a ese caso los crímenes de Nicolás Maduro (actual presidente)», dijo Villalonga.

La abogada venezolana exiliada en EE.UU. agregó que tan solo le «queda la duda de cuál será el brazo coercitivo que ejecutará una acción o aprehensión contra estos criminales».

Por su parte, el exmilitar José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), subrayó que confía en que el informe «sirva para acelerar el juicio que se le sigue a Maduro y sus principales cómplices en la Corte Penal Internacional».

También espera que Gobiernos como el de Estados Unidos «entiendan que con un régimen criminal no se negocia, sino que se le neutraliza y se busca su salida del poder con el uso de la fuerza que es como se combaten a los delincuentes de esta magnitud que utilizan el poder del estado para sus actividades ilícitas y violatoria de los derechos humanos».

Datos para investigación de CPI en Venezuela

El informe presentado este martes por una misión de las Naciones Unidas, aporta nuevos insumos para la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en suspenso desde abril, dicen la ONG Acceso a la Justicia.

El director de la organización, Ali Daniels, aseguró que se trata de un «riguroso» informe que aporta «insumos para la investigación que lleva a cabo la Fiscalía» de la CPI, ya que «pone de manifiesto» que en Venezuela «no se investigan las cadenas de mando», debido a que en esos hechos «están involucradas las más altas instancias del Estado».

«Solo se limitan a hacer, en casos muy contados, responsables a autores materiales, cuando en realidad se trata de políticas de Estado que se vienen ejecutando de una manera sistemática», argumentó.

A juicio de la abogada venezolana Sara Fernández, el informe muestra que la tortura en Venezuela «no es un hecho aislado, (sino que) forma parte de un plan delineado por altos funcionarios del Gobierno«.

La especialista en Derecho Internacional señaló, en una actividad de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, que el informe «deja un número importante de evidencias e indicios que pueden ser utilizados» por la Fiscalía de la CPI «para ver en qué medida estos funcionarios estuvieron involucrados en el modus operandi».

La investigación de la Fiscalía de la CPI está en suspenso desde abril pasado, cuando el Gobierno pidió al alto tribunal «abstenerse formalmente» de la misma «en favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela».

El fiscal de la CPI, Karim Khan, decidió ese mes solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo la reanudación de la investigación.

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