La Mesa de Reflexión Latinoamericana pide que no se consolide una tendencia dictatorial en Venezuela
Maduro acusó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela de inmiscuirse en asuntos internos luego de denunciar la desaparición de Rocío San Miguel
Políticos, diplomáticos y académicos de la región, rechazaron y calificaron de “grave error político” la suspensión de la oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Venezuela. La voz principal fue Michelle Bachelet, quien junto a otras 64 autoridades de distintos países de Latinoamérica, rechazaron la decisión del régimen de Nicolás Maduro.
A través de una declaración pública, advirtieron de la necesidad de redoblar los esfuerzos para evitar la consolidación de lo que podría ser -según acusan- una “tendencia dictatorial y antihistórica” en Venezuela.
La Mesa de Reflexión Latinoamericana, integrada por políticos, diplomáticos y académicos de diversos países de la región, “rechaza y declara como un grave error político, con irradiaciones a toda la región, la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país y expulsar a quienes trabajan allí”.
Según indica el documento, dicho acto configura “un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana”.
En esa línea, se señala que lo que ocurre en Venezuela “no es ajeno” para el resto de los países americanos, “menos si ello enfrenta a Naciones Unidas y la plena vigencia de los derechos humanos”.
Además del rechazo del grupo de políticos, diplomáticos y académicos de la región, recientes informes indican que las carencias en el país son evidentes. La alimentación es precaria y la pobreza se ha incrementado, mientras la migración de varios millones permea por varios países del hemisferio.
Los colaboradores del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos han estado allí para detectar la realidad y desde esas verdades contribuir a diseñar los planes del gobierno para superarlas.
En ese sentido, la Mesa de Reflexión Latinoamericana señala que expulsar a los funcionarios “por hacer su tarea sólo expresa una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis”.
Con ello, criticaron que los anuncios del régimen venezolano, “van en sentido contrario” a lo pactado en el Consenso de Brasilia, acuerdo puesto en marcha en mayo 2023 y del cual forma parte Venezuela.
En octubre del año pasado, los mandatarios de los 12 países de América del Sur aprobaron la Hoja de Ruta -documento que contempla 17 puntos de acción- que regirá el Consenso, documento en el que se reclama “coherencia en la gobernabilidad y eficiencia de cada uno de los países miembros para cumplir sus objetivos”.
La semana pasada Nicolás Maduro suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela y les dio plazo de 72 horas a sus funcionarios para abandonar el país. Los acusó de inmiscuirse en asuntos internos luego de denunciar la desaparición forzada de la activista, Rocío San Miguel.
