Magistrados salvadoreños amenazados de muerte por grupos afines al Gobierno
Cuatro de los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador han sido amenazados públicamente de muerte por grupos afines al Gobierno y al oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), denunció el magistrado Florentín Meléndez.
«Últimamente han aparecido pancartas en distintos pueblos y carreteras donde ya se nos amenaza a muerte de manera publica», hay «mantas con nuestras caras y nuestros nombres que dicen ‘muerte a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional», aseguró el juez a los periodistas.
De acuerdo con Meléndez, «esto es promovido por activistas del FMLN con el acompañamiento de algunas esferas del Gobierno» de Salvador Sánchez Cerén.
El letrado también denunció el acoso de los partidarios oficialistas, que acostumbran a llegar a la sede de la Corte Suprema en San Salvador a bloquear la salida de los empleados y que «llegan a pintar las paredes con insultos».
El Gobierno y el FMLN acusan a los magistrados Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González de «bloquear» las fuentes de financiación estatal y de generar una crisis de liquidez al Ejecutivo con sus sentencias.
Entre las resoluciones que cita el Gobierno se encuentran la que anuló la emisión de 900 millones de dólares en bonos y otra que ha frenado el incremento en el costo de la electricidad en un 13 %.
Una de las últimas disposiciones de la Sala que causó resquemores al Gobierno fue la que obliga a la Casa Presidencial a publicar los gastos y viajes de Sánchez Cerén.
«Mi Gobierno va a cumplir esa resolución de la Sala (de lo Constitucional)», pero «a mi juicio, en la Sala siempre hay un exceso en sus resoluciones. Hay un problema de abuso», dijo el mandatario.
No es la primera vez que Sánchez Cerén arremete públicamente contra los jueces de esta corte. A mediados de julio, cuando anularon la ley de amnistía que impedía investigar crímenes de la guerra civil (1980-1992), el mandatario aseguró que esto no respondía a los «verdaderos y actuales problemas del país».
