«Panama Papers» centran atención en evasión fiscal, pero líderes niegan ilícitos
Gobiernos de todo el mundo comenzaron a investigar el lunes posibles ilícitos financieros de ricos y poderosos, tras la filtración de documentos de un bufete panameño que mostraron cómo, supuestamente, sus clientes evadieron impuestos o lavaron dinero.
Los llamados «Panama Papers» (Papeles de Panamá) detallan tramas que implican a muchas figuras mundiales, desde el presidente ruso, Vladimir Putin, a familiares de los primeros ministros de Reino Unido, Islandia y Pakistán y al mandatario ucraniano, dijeron los periodistas que los recibieron.
Si bien los documentos muestran complejos arreglos financieros en beneficio de la elite mundial, no significan necesariamente que todos sean ilegales.
El Kremlin dijo que las publicaciones no contienen «nada concreto y nada nuevo», mientras una portavoz del primer ministro británico, David Cameron, sostuvo que los supuestos lazos de su difunto padre con una compañía en el exterior (offshore) son un «asunto privado».
Australia, Austria, Brasil, Francia y Suecia son algunos de los países que dijeron que han empezado a investigar las acusaciones, sobre la base de más de 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, que tiene su sede en Panamá, un paraíso fiscal. Hay tanto bancos como clientes individuales en el centro del escándalo.
Los documentos fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y más de 100 otras organizaciones de noticias del mundo. Mossack Fonseca negó haber cometido ilícitos.
«Pienso que la filtración probará ser probablemente el mayor golpe que el mundo ‘offshore’ haya recibido debido al alcance de los documentos», dijo Gerard Ryle, director del ICIJ.
Armas y Drogas
El material cubre un período de casi 40 años, desde 1977 hasta diciembre pasado, y revela supuestamente que algunas firmas domiciliadas en paraísos fiscales habrían sido usadas para el lavado de dinero, el tráfico de armas y drogas y la evasión de impuestos.
El diario británico The Guardian dijo que los documentos mostraron una red de negocios y créditos secretos offshore por valor de 2.000 millones de dólares, que lleva hasta amigos cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin, como el violonchelista Sergie Roldugin. Reuters no pudo confirmar estos detalles.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó los reportes que, dijo, buscan desacreditar a Putin antes de las próximas elecciones.
El Gobierno británico pidió una copia de los datos filtrados, algo que podría ser embarazoso para Cameron, que se ha mostrado muy crítico con la evasión fiscal.
La Oficina Australiana de Impuestos dijo que está investigando a más de 800 clientes ricos de Mossack Fonseca y había vinculado a más de 120 de ellos a un proveedor de servicios offshore asociado con sede en Hong Kong, pero no reveló su nombre.
Ataque Cibernético
El director del bufete panameño, Ramón Fonseca, dijo que la firma no ha actuado mal, pero reconoció que su firma sufrió un ataque cibernético exitoso pero «limitado» a su base de datos. Describió el ciberataque y la filtración como «una campaña internacional contra la privacidad».
El directivo, que fue un alto funcionario del gobierno de Panamá hasta marzo, dijo a Reuters que la firma, que se especializa en la creación de empresas offshore, ha formado más de 240.000 sociedades y que la «gran mayoría» de ellas ha sido para «usos legítimos».
Reportes de medios dijeron que los datos filtrados sugieren un posible vínculo entre un miembro del comité de ética de la FIFA, el uruguayo Juan Pedro Damiani, y su compatriota Eugenio Figueredo, uno de los dirigentes del fútbol detenidos en Zúrich el año pasado.
En Brasil, el diario Estado de S.Paulo dijo que políticos de siete partidos fueron nombrados como clientes de Mossack Fonseca. Entre ellos hay integrantes del mayor partido de Brasil, el PMDB, que la semana pasada abandonó la coalición del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Repaso
El escándalo revelado en los «Papeles de Panamá» ilustra la sofisticación de las estrategias de evasión fiscal usadas por los defraudadores. He aquí un repaso de la situación.
¿Qué mecanismos fueron utilizados?
Ante todo, las llamadas sociedades fantasma o instrumentales, para disimular haberes y ocultar la identidad real de un propietario real de una cuenta o una sociedad. Se trata de los «trusts», estructuras jurídicas «offshore», basadas en el extranjero y a menudo en paraísos fiscales.
Son administradas por personas que aparecen como directivos de estos «trusts», lo que permite ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios, que eluden así el impuesto en su país de origen.
«Hay centenas de miles de trusts en el mundo», en Panamá, pero también en Guernesey, Bahamas o las Islas Vírgenes británicas, explica a la AFP Daniel Lebègue, presidente de Transparency International France.
El escándalo de los Panama papers ilustra asimismo, en las estrategias de evasión fiscal, la omnipresencia de las «acciones al portador» o «bearer shares», acciones que permiten no divulgar la identidad de su propietario, a diferencia de las acciones nominales.
¿Son ilegales?
Recurrir a sociedades offshore no es en sí ilegal. En Francia, por ejemplo, están autorizadas si son declaradas al fisco.
Pero, según Lebègue, «detrás de estas estructuras opacas, hay dinero muy negro, procedente de actividades criminales (droga, terrorismo, delincuencia), del dinero negro (obtenido mediante corrupción) y del dinero gris (obtenido de la optimización fiscal).»
Tampoco las acciones al portador son ilegales, según los expertos. «En cambio, son contrarias a las normas internacionales. No por la acción al portador en sí, sino por no saberse quien está detrás de ella», afirma Pascal-Saint Amans, que coordina la lucha contra los paraísos fiscales en la OCDE.
¿Cómo erradicar la evasión fiscal?
Se han hecho muchos esfuerzos en este sentido desde 2009, bajo el impulso del G20. Ello permitió una fragilización del secreto bancario (90 países se han comprometido a intercambiar automáticamente sus informaciones antes de 2018) y la adopción de un plan de lucha contra la optimización fiscal de las multinacionales, el «BEPS», adoptado en noviembre, que las obliga a declarar sus actividades país por país.
«El G20 se ha puesto de acuerdo sobre el objetivo y el principio» pero «no todos (los países) han tomado las medidas necesarias para aplicarlos» matiza Daniel Lebègue.
Más globalmente, los países tienen dificultades para acabar con la opacidad debido a la falta de cooperación de ciertas jurisdicciones, y a la complejidad de las técnicas utilizadas.
«Los defraudadores se adaptan» explica a la AFP Antoine Bozio, director del Instituto de políticas públicas (IPP), para quien «la lucha contra el fraude fiscal se juega en el terreno de las técnicas financieras».
¿Qué países plantean aún problemas?
Según una lista de la Comisión europea publicada en junio, 30 jurisdicciones son consideradas aún no suficientemente cooperativas. Entre ellas, islas del Caribe como Anguila y Antigua-y-Barbuda, aunque también Seychelles o Liechtenstein. La OCDE cita por su lado a 38 jurisdicciones que deben hacer más progresos.
Un país centra las críticas: Panamá, considerado por las ONG como la «oveja negra» de la lucha anticorrupción, debido a su gran número de sociedades offshore (unas 100.000) y su reticencia a hacer más transparentes las famosas «acciones al portador».
«El +black money+ se ha concentrado en las jurisdicciones que siguen siendo las más opacas, y la más opaca de todas es Panamá» destaca Pascal Saint-Amans, que alude a una «línea de frente».
«Cuanto más avanzamos, más los defraudadores se concentran en los países que no han hecho progresos» explica.
