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Para el Club de París, la deuda de la Argentina es mayor

El Club de París indicó que el monto de la deuda expresada este martes por la presidenta Cristina Fernández de u$s6700 millones corresponde a la deuda ya vencida desde fines del 2001 cuando se declaró el default y que la deuda total es mayor: serían u$s7.900 millones.

El secretario general de este grupo informal de acreedores, Xavier Musca, indicó que los representantes de los acreedores de la Argentina se reunirán el 15 de este mes para estudiar este caso, luego del receso por el verano boreal, informa hoy el diario La Nacion en su página web.

La diferencia estaría en que la suma anunciada por el gobierno argentino — de 6.706 millones de dólares– sólo corresponde a la deuda que ya venció desde fines de 2001, cuando se declaró el default soberano. A ésta habría que sumarle unos 1.194 millones de dólares más, según el periódico.

Fuentes oficiales y privadas en Buenos Aires, explicaron que la importante diferencia entre ambas cifras tendría que ver con que el Club de París siempre contabiliza los pagos que deben hacerse en el futuro y los punitorios por los atrasos, mientras que el Gobierno sólo menciona los compromisos ya vencidos.

Esa brecha deberá negociarse entre los funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central y los representantes de los 19 países acreedores agrupados en el Club.

Pero como la Presidenta ya anunció la cifra final, eso limitará el margen de maniobra de los negociadores. Además esas diferencias se saldaron con refinanciaciones, trámite que el Gobierno quiere evitar para no tener que volver a tratar con el FMI.

Si bien ayer se publicó el decreto oficial con la orden de la Presidenta al ministro de Economía, Carlos Fernández, para pagar la deuda. Desde esa cartera y del Banco Central se admitía que habrá que enmendarlo, señala La Nacion.

El error consiste en que el Club de Paris es un grupo informal que no tiene personería jurídica y por lo tanto no puede recibir pagos del Banco Central, a diferencia de lo que ocurrió en 2005 cuando se firmó un decreto de necesidad y urgencia que habilitó la utilización de estos recursos del Banco Central para el pago a organismos multilaterales.

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