Piden juzgar a diputado oficialista en Guatemala por desapariciones forzadas
Organizaciones en Guatemala dijeron este martes que el antejuicio contra el militar retirado y ahora diputado oficialista Edgar Ovalle Maldonado «debe ser aceptado» por la Corte de Constitucionalidad para que «sea juzgado por su participación en delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada».
Así lo expresó este martes uno de los querellantes en el caso Creompaz y miembro del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mynor Alvarado.
Por el caso del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, en el norte de Guatemala, fueron enviados en junio a juicio oral y público ocho militares retirados por desaparición forzada y de lesa humanidad.
Entre los implicados se encuentra el ex-jefe del Estado Mayor General del Ejército y general de Brigada retirado Manuel Benedicto Lucas García, hermano del fallecido presidente de Guatemala Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).
El pasado 7 de julio, el GAM y la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí (Adivama) presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara en enero tramitar el antejuicio y mantener la inmunidad al militar retirado, ahora diputado.
Las entidades humanitarias piden a la Corte de Constitucionalidad (CC) que decida si el diputado Edgar Ovalle Maldonado mantiene su impunidad.
El proceso de antejuicio, que implica levantar la inmunidad parlamentaria, fue planteado por el particular Eulalio Grave Ramírez a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), que lo elevó a la Corte Suprema.
Al parlamentario se le acusó de haber participado en al menos 558 desapariciones de indígenas durante el conflicto armado (1960-1996).
Ovalle pertenece al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales el pasado 14 de enero para un periodo de cuatro años, tras ganar los comicios de la segunda vuelta electoral el 25 de octubre último.
Esta previsto que este miércoles se celebre una vista pública de amparo que busca que la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea revertida y en consecuencia se decrete el antejuicio contra el diputado de la bancada oficialista.
«La vista pública representa un paso importante para el esclarecimiento de la verdad de los hechos (…) en donde se han encontrado más de 500 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial», subrayó Alvarado.
