Protestas se multiplican en Bolivia tras nuevo retraso de las elecciones por el covid-19
La paz parece no encontrarse en Bolivia. Este martes la nación altiplánica vivió una nueva jornada de protestas en medio de la huelga general indefinidida contra el nuevo aplazamiento de las elecciones, con bloqueos en carreteras y una cacerolada ante el órgano electoral, al tiempo que el Gobierno interino presidido por Jeanine Áñez acusó al partido del expresidente Evo Morales por algunos episodios de violencia y anunció que interpondrá una denuncia contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, y el líder cocalero de Cochabamba, Leonardo Loza, por liderar estas acciones, que según el oficialismo, constituyen una «instigación pública a delinquir».
Las movilizaciones se suceden desde la semana pasada después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara que los comicios se retrasan nuevamente, del 6 de septiembre al 18 de octubre, pues ya habían sido aplazados del 3 de mayo ante la pandemia del coronavirus.
Desde el Ejecutivo y el órgano electoral temen que la votación coincida con el pico de la pandemia en Bolivia, que se espera llegue en los próximos meses, si bien el MAS ha denunciado que el retraso obedece a una táctica del oficialismo para impedir que su candidato Luis Arce, favorito en las encuestas antes de la crisis sanitaria, gane las elecciones presidenciales.
Los efectos del coronavirus se han acentuado en los últimos días en Bolivia, que ha registrado hasta ahora 3.320 fallecimientos y más 83 mil casos de personas contagiadas por la enfermedad.
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana y organizaciones sociales anunciaron que radicalizarán la huelga general indefinida que sostienen con movilizaciones y bloqueo de caminos en demanda de la realización de las elecciones el 6 de septiembre, aunque el presidente del TSE, Salvador Romero, ratificó que no se cambiará el 18 de octubre como fecha para los comicios nacionales.
Acusaciones de lado y lado
En este sentido, partidarios de Añez y de Morales volvieron a culparse mutuamente de algunos episodios de violencia, con varios detenidos y heridos. Durante la jornada se registraron cortes de vías en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, a pesar de los pedidos gubernamentales transportistas y empresarios que demandaron a los manifestantes que levanten la medida o, por lo menos, que dejen pasar las cargas de insumos médicos, oxígeno, alimentos y ambulancias, para hacer frente al covid-19.
Una de las principales organizaciones que convoca las protestas, la Central Obrera Boliviana, instó a que se permita el paso de ambulancias y el transporte de insumos sanitarios, pero advirtió de que seguirán las acciones contra el órgano electoral y el Gobierno interino.
Debido a los bloqueos terrestres, el Gobierno interino ha tenido que movilizar tubos de oxígeno por vía aérea. Ante esta situación, la jefatura de Áñez ha responsabilizado al partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), por las muertes que pudieran registrarse en La Paz y la región central Cochabamba por la falta de oxígeno para fines sanitarios.
El MAS por su parte denunció «la violenta represión policial» para frenar las protestas, en lo que consideró un «uso desproporcionado de agentes químicos» contra manifestantes.
En el marco de las protestas, decenas de bolivianos instalaron carpas en las inmediaciones del Tribunal Electoral y han anuciado que permanecerán en el lugar hasta tanto se cumpla con sus demandas.
Acciones penales
Por otro lado, el Ejecutivo boliviano interpondrá una denuncia contra Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera local y el líder cocalero de Cochabamba, Leonardo Loza, por los supuestos delitos de «instigación pública a delinquir, apología pública del delito, asociación delictiva y delitos contra la salud pública».
Huarachi rechazó los señalamientos, calificando al Gobierno de «fascista y dictador» y aseguró que el único interés de Áñez pasa por «saquear, privatizar y vender» los recursos naturales del país, mientras que Loza afirmó que el interinato no tiene la capacidad para llevar adelante las elecciones generales.
