Actualidad Internacional

Recrudece la crisis política en Ecuador

Decenas de manifestantes partidarios de la Asamblea Constituyente ocuparon el edificio del Tribunal Constitucional luego que éste decidiera restituir a 51 de los 57 diputados cesados en marzo pasado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El presidente del TC, Santiago Velásquez, anunció ayer la decisión de restituir en sus cargos a esos diputados, al considerar que su cese fue «absolutamente inconstitucional», ya que el TSE «no es competente» para destituir a los legisladores.

Por ese motivo, según Velásquez, el Constitucional aceptó un recurso de amparo interpuesto en favor de los destituidos ante un juez de la provincia de Manabí, que lo remitió al TC, rubricado sólo por 51 de los 57 cesados, por lo que seis de ellos no fueron restituidos en sus cargos.

La decisión agrava el embrollo legal y el conflicto político que afecta al Congreso del país.

Tras conocer la resolución, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que los 57 diputados cesados por el TSE «siguen destituidos», pese a la decisión adoptada TC de devolverles sus cargos.

En declaraciones a medios de la ciudad de Machala, en la provincia sureña de El Oro, donde se encuentra, Correa se mostró «estupefacto» por la decisión del TC de devolver sus escaños a estos diputados, cesados por «interferir» en el proceso de la consulta popular en que se aprobó el 15 de abril una Asamblea Constituyente promovida por el propio jefe del Estado.

El TC «intenta por todos los medios boicotear» la Asamblea, que es «expresión del mandato popular», dijo el gobernante, que recordó que la ciudadanía dio un «siete a uno categórico» a favor de la Constituyente, aprobada con un 81,72 por ciento de votos favorables en la consulta popular.

El presidente del TSE, Jorge Acosta, también señaló que es «inaplicable» la decisión de restituir a los cesados, que calificó de ilegal, y anunció acciones penales contra los vocales del TC.

«Írrita (ilegal) es la calificación más suave que se puede dar a este mamotreto del TC», dijo Acosta, quien afirmó que no le sorprendía la decisión, pues tenía noticias de que en Constitucional se estaba «montando un contubernio» para devolver sus cargos a los diputados depuestos.

Acosta agregó que «no les servirá de nada lo actuado, pues en ocasiones anteriores el mismo Constitucional ha dictado la invalidez de recursos de amparo» admitidos por jueces «carentes de competencia», como en su opinión es el caso del juez de Manabí, aceptado hoy por el TC.

Por su parte, Alfonso Harb, uno de los legisladores cesados, afirmó que, «si estamos en un estado de derecho, se debe respetar la resolución del TC, pero si estamos en dictadura, el gobierno no lo hará».

Para Harb, la decisión del TC «es una prueba de fuego para el Ejecutivo» de Correa, para que demuestre su voluntad democrática.

Algunos de los destituidos han anunciado que acudirán mañana a la sesión del Congreso, ya que consideran están repuestos definitivamente en sus cargos, según dijo Edison Chévez, vicepresidente de la Cámara antes de ser destituido.

Por su parte, el presidente en funciones del Parlamento, Miguel Castro, señaló que la Cámara esperará la comunicación oficial del TC antes de tomar una decisión sobre la eventual restitución a los destituidos de sus escaños, que ahora ocupan diputados suplentes.

Poco después de anunciarse la decisión, adoptada con el voto de seis de los nueve vocales de TC, un grupo de personas de la Federación de Estudiantes Universitarios y del Movimiento Popular Democrático, entró por la fuerza en la sede del Tribunal, gritando consignas en contra de los diputados destituidos.

Durante varias horas, decenas de manifestantes, partidarios de la Asamblea Constituyente y contrarios a los diputados destituidos, mantuvieron ocupadas varias las instalaciones del TC e impidieron la salida de los vocales y empleados del organismo, protegidos por la policía dentro del mismo edificio.

Cuando Velásquez era sacado del edifico protegido por policías, grupos de manifestantes se arrojaron sobre el grupo y agredieron al presidente del TC y a los agentes, hasta que consiguieron abordar un autobús blanco, en el que se alejaron del lugar.

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