Actualidad Nacional

Administración de Maduro revisará actuación policial y sistema judicial con ánimo de reforma

El régimen ha reconocido que existen "vicios" y "corruptelas" en el sistema de justicia y que por ello se ha puesto en marcha una reforma de la administración judicial

El régimen de Nicolás Maduro revisa el funcionamiento de los cuerpos policiales y trabaja en una reforma del sistema de justicia con miras en la erradicación de la corrupción, informaron este lunes fuentes del Ejecutivo.

El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, sostuvo una reunión con autoridades del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para una revisión de las estrategias con esta policía que asiste la labor de la Fiscalía.

Entre los temas abordados en esa reunión estuvieron la capacitación de los funcionarios en materia de derechos humanos y la elaboración de una ruta para el fortalecimiento de la acción penal en el país, aunque no ofreció detalles al respecto.

Ceballos, en declaraciones al canal estatal VTV, recordó que el Cicpc cuenta con una oficina para la revisión del desvío en la actuación policial y otra para la supervisión disciplinaria de los funcionarios, con lo que esperan mantener a raya las malas prácticas de los agentes.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional 20202, Antonio Benavides, dijo que la Administración de Maduro ha reconocido que existen «vicios» y «corruptelas» en el sistema de justicia y que por ello se ha puesto en marcha una reforma de la administración judicial, que arrancó con un cambio a la ley del Tribunal Supremo (TSJ), aprobado en enero.

«No nada más (hay corrupción en) los cuerpos policiales. (También hay) fiscales y magistrados involucrados en una corruptela, es una realidad que hay que reconocer (…) en todas las instancias del sistema judicial», explicó en una entrevista con VTV.

Venezuela redujo en abril el número de magistrados del Supremo y ha arreciado la persecución judicial contra «mafias» que trabajan en áreas como la venta de combustible y chatarra y que cuentan con el apoyo de funcionarios públicos.

La reforma judicial, según el Gobierno, hará frente al hacinamiento en centros de detención, así como al retardo procesal y la impunidad, indicadores que se ubican en tasas por encima del 50 %, según estimaciones.

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