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Al menos 73 organizaciones exigen respeto de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas

Setenta y tres organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo ante las declaraciones de Jorge Arreaza, en las que criticó el reciente pronunciamiento emitido por cuatro mandatos de procedimientos especiales por la detención arbitraria de cinco de los integrantes de la ONG humanitaria Azul Positivo, como consecuencia del ejercicio legítimo de su derecho a defender derechos humanos y brindar apoyo humanitario a las personas con VIH y otras personas y comunidades vulnerables en el estado Zulia.

El  pasado 18 de febrero de 2021 el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas, emitieron un comunicado en el que solicitaron al Estado venezolano que se retiren los cargos en contra de los integrantes de la organización Azul Positivo, señalando que “las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la ´Ley contra el Odio´ de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros”.

En una cara denunciaron que los ataques se han llevado a cabo en contra de organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos, incluyendo el derecho a la protección y asistencia humanitaria, restringiendo aún más el acceso de la población a programas, bienes y servicios que son esenciales para su vida, seguridad y subsistencia, de lo cual es una muestra la suspensión de programas de asistencia directa a personas y familias en situación de vulnerabilidad coordinados por el Equipo Humanitario de País en Venezuela.

En dicho comunicado además se desconoce el derecho internacional, al poner por encima de los derechos de las personas “la soberanía, la integridad territorial y la necesidad de contar con el consentimiento de los Estados respectivos en el ejercicio de las labores humanitarias”, incumpliendo obligaciones internacionales e incurriendo en faltas al criminalizar la labor humanitaria y negar los principios de independencia de los equipos humanitarios y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, cuyos mandatos exigen que se les permita funcionar libres de cualquier tipo de presión externa por parte de los Estados.

Llamado de las organizaciones

Exhorta a respaldar el llamado de los procedimientos especiales que buscan proteger los derechos de la población venezolana y de las organizaciones de la sociedad civil. «La realidad demuestra que las labores de defensa de derechos humanos, incluyendo las humanitarias, están siendo criminalizadas por el Estado venezolano, y se necesita que la comunidad internacional haga llamamientos altos y claros como los realizados por los cuatro procedimientos especiales».

También hacen un llamado a demandar a las autoridades nacionales, garantías jurídicas e institucionales de respeto y protección de los derechos al libre desempeño y acceso a la cooperación internacional de la sociedad civil venezolana, para ejercer la defensa de derechos humanos y la asistencia humanitaria, sin temor a actos o medidas de intimidación o represalia por el uso de fondos internacionales para estos fines legítimos, de los cuales dependen millones de personas, comunidades y poblaciones por la emergencia humanitaria compleja y la pandemia de la covid-19

Por último piden solicitar el reforzamiento y ampliación de los mandatos de las agencias, órganos y procedimientos de las Naciones Unidas y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dado que no hay avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado para implementar sus recomendaciones, sin que ello ponga en riesgo su permanencia en el país; y es necesario poner fin a los ataques, restricciones y medidas coercitivas contra la población venezolana, las personas defensoras de derechos humanos y los actores humanitarios, que contrariamente a lo esperado y lejos de prevenirse o disminuirse con su presencia en el terreno, han sido más recurrentes, sistemáticos y de mayor gravedad.

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