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AN aprobó Acuerdo de Nulidad Absoluta de la Resolución 0010 ante riesgo de ecocidio

La Asamblea Nacional en sesión ordinaria este martes, aprobó un Acuerdo donde se declara la nulidad absoluta, desde su origen, de la Resolución 0010 del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, de fecha 7 de abril del 2020 publicada en la Gaceta Oficial 6526 el 8 de Abril del 2020.

Del mismo modo, indicaron que van a oficiar a las Naciones Unidas sobre el riesgo de destrucción que recae sobre el Parque Nacional Canaima, Patrimonio Natural de la Humanidad.

El Acuerdo establece solicitar investigación y sanciones para el Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto Blanco; para el presidente de la Corporación Venezolana de Minas, M/G. Carlos Osorio; Viceministra de Exploración e Inversión Ecominera, Magaly Enríquez y para la Gerente de Encadenamiento e Industrialización de la Corporación Venezolana de Minas.

El texto indica oficiar a la Organización de Estados Americanos, Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, Grupo de Lima, Comunidad Europea y tratado de París sobre Cambio Climático, sobre «la amenaza de etnocidio y ecocidio que el régimen de Nicolás Maduro representa para los bienes naturales de la humanidad, pueblos ancestrales, la seguridad de los connacionales, la amenaza de desertificación de vastas zonas de territorio venezolano que afectarán ineludiblemente el Amazonas, el clima y la vida de la región».

Ecosistemas en riesgo

El diputado Carlos Andrés González, quien inició el debate indicó que la Resolución 0010 traerá gravísimas consecuencias en cuanto al ambiente y a los ecosistemas situados en esos ríos, así como el desplazamiento de las comunidades indígenas, producto de la explotación de esa zona con grúas mecánicas.

Otra de las consecuencias expuestas por el parlamentario, es la sedimentación que desencadena la actividad minera, ya que los sedimentos se depositaran al final en la represa del Guri, trayendo como consecuencia la disminución de la energía hidroeléctrica que esta produce.

De igual forma, la navegación por el Delta del Orinoco será afecta por la sedimentación, por lo tanto, González condenó la decisión de Maduro en seguir explotando la Amazonía venezolana para seguirse beneficiando de sus riquezas en desmedro del ambiente.

Al finalizar su participación, el diputado solicitó ante la plenaria que se realicen las averiguaciones correspondientes al ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto Blanco, por haber generado esta resolución «contraria al interés nacional».

Actividades «criminales» contra pueblos indígenas

Desde el exilio intervino el diputado Américo De Grazia, quien aseveró que es un saqueo lo que se está cometiendo en el sur del Orinoco con el “Arco Minero de la Muerte”.

De Grazia solicitó ante la AN que las denuncias sean llevadas a instancias internacionales para que el mundo conozca la «actividad criminal» que desarrolla el régimen en contra de los pueblos indígenas, «introduciendo elementos como el de los terroristas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Hezbolá, y Hamás, con grupos que han tomado por asalto todos los sectores mineros que operan el sur del Orinoco, la Amazonía venezolana y en el Delta del Orinoco».

“Nuestra voz no cesara en este empeño por construir un referente distinto no solo para cambiar la jefatura de Estado sino también, para cambiar el modelo productivo en Venezuela que ya no pude seguir siendo extractivista, ni el petrominero, debemos hacer una reinvención, una reingeniería de la productividad de nuestros país”.

Diputado Américo De Grazia durante su derecho de palabra en sesión de este martes

Profundizan crímenes de ecocidio y etnocidio

La diputada Yolibel Guacaran denunció que en el estado Bolívar son más de 198 comunidades indígenas que se han visto obligadas a dejar su forma de vida tradicional producto de la explotación de la minería ilegal en sus zonas.

Aseveró que se ha incrementado la prostitución y el esclavismo, así como el trabajo infantil y otros delitos de etnocidio.

Para finalizar el debate, tomó la palabra la presidenta de la Comisión de Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, Maria Gabriela Hernández, indicando que la Resolución 0010 lo que va a acarrear es la profundización de los crímenes de etnocidio y ecocidio que se suscitan al sur de Venezuela por la minería ilegal, que denunció, «están amparados por la dictadura del usurpador Nicolás Maduro».

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