Caso Albán: Siguen las denuncias de irregularidades
Siguen apareciendo irregularidades en el caso de la muerte del concejal de Libertador (Caracas), Fernando Albán. Así lo volvió a denunciar Ramón Aguilar, abogado de la familia del edil que resultó muerto tras caer del piso 10 de la torre del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela el pasado mes de octubre.
El jurista aseguró que este martes que existen dos actas de defunción firmadas por personas diferentes, una de ellas con un nombre que no coincide con el documento de identidad. «La discrepancia es que el primero señala que la muerte fue por un golpe en el cráneo, la segunda señala que fue por un golpe en la cara, facial. Es decir o el golpe fue en la parte posterior de la cara, o en la parte frontal», enfatizó en tono de rechazo el abogado.
Los reportes fueron firmados por distintos médicos. Uno de ellos «un médico comunitario sin las credenciales, la autoridad y la experticia para ser patólogo» y el otro por un «médico con una cédula de identidad que corresponde a otra persona».
Ramón Aguilar, abogado del concejal Fernando Albán exigió investigar al exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo González López y recusar al Fiscal General designado por la oficialista ANC, Tarek Williams Saab por el fallecimiento del edil. #4Dic. #TVVNoticias pic.twitter.com/KoqPTKIskC
— TVV Noticias (@TVVnoticias) December 4, 2018
Recusación contra Saab
Aguilar acudió al Ministerio Público para introducir una recusación contra Tarek William Saab, por haber «calificado» como «suicidio» la muerte de Albán y haber así emitido una «opinión previa«.
Apuntó el jurista que en el documento se dejó constancia de «todas las irregularidades del proceso» desde el momento en que se produjo la muerto porque «comenzando por el simple hecho de que el cadáver nunca fue levantado como dicta el Código Procesal Penal» y que no existen fotografías del mismo, «solo una en una camilla».
El representante de la familia Albán pidió además que se aplique de manera «formal del protocolo de Minesota y del protocolo de Estambul pues ambos instrumentos declaran o definen lo que es una muerte potencialmente ilícita que es aquella donde ha perecido una persona en custodia del Estado, es aquella donde ha perecido un conocido opositor político».
Los abogados tienen previsto acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para llevar el caso en el que señalan como responsable al Estado y a todos los implicados desde el director del Sebin hasta los jueces y fiscales.
