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CDJ registró en Abril, 115 ataques e incidentes de seguridad en Venezuela

El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela

Continúa el aumento de las violaciones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos en el marco de la agudización de las restricciones al espacio cívico y democrático y la Emergencia Humanitaria Compleja.

Incrementan los riesgos para quienes ejercen acciones de defensa y exigencia de derechos humanos en el país.

Los 115 hechos registrados durante el mes de abril se caracterizaron por:

AUMENTO DE RESTRICCIONES AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.

Las organizaciones continúan siendo señaladas de “vende patrias”, “producir noticias falsas” y “mentirosas”, así como también de recibir dinero para ello y “generar psico-terror” a la población, entre otros. Asimismo, aumentaron las acusaciones refiriéndose a que las acciones de las organizaciones y de las personas defensoras tienen “fines desestabilizadores”, “terroristas”, o de “promover injerencia, invasiones o similares”.

El Estado avanza respecto a la materialización de sus amenazas de aprobación de una Ley de Cooperación Internacional.

Ante la profundización de la Política de Criminalización, y el recrudecimiento de los patrones violentos y represivos, exhortamos al Estado a cesar de inmediato las acciones tendientes a limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos.

LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 001 UN NUEVO INSTRUMENTO PARA RESTRINGIR Y CONTROLAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Durante abril se agudizaron las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de las organizaciones y personas que trabajan promoviendo y defendiendo los derechos humanos, así como brindando respuestas a la población más vulnerable afectada por las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y la pandemia por el Covid-19.

Como parte de la reducción del Espacio Cívico y Democrático el Estado persiste en la adecuación del andamiaje legal y normativo para controlar y restringir el trabajo de las organizaciones. Bajo un aparente manto legal la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal.

LA DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA SIGUE PRESENTÁNDOSE COMO UNA LABOR DE RIESGO.

Las organizaciones y personas defensoras se enfrentan a un contexto cada vez más hostil y restrictivo para el ejercicio de sus labores bajo el amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El aumento de la represión y la reducción al espacio cívico y democrático, representa un grave obstáculo al trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario.  La profundización del control social ejercido por el Estado y la sistematicidad de la Política de Criminalización representan una grave amenaza para la sociedad civil.

 
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