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CDJ reporta 48 ataques contra defensores de DDHH, en el mes mayo en Venezuela

Según el Centro para los Defensores y la Justicia el entorno socio-político facilita que los actores responsables concreten los ataques. Solo en mayo de 2021 registraron 48 nuevos ataques e incidentes de seguridad

El entorno para el ejercicio del derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos es más adverso con el pasar de los días. A medida que las agresiones y las amenazas recrudecen y aumentan y en tanto el entorno socio-político facilita que los actores responsables concreten los ataques, los niveles de riesgo para quienes desarrollan estas actividades incrementan.

Los 48 hechos registrados durante el mes de mayo se caracterizaron por:

AUMENTO DE RESTRICCIONES AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO UNA AMENAZA A LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

El Estado aumenta sus esfuerzos por obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, bajo la lógica del enemigo interno, se persigue y se agrede, con la intención de inhibir a la sociedad civil de continuar su labor en virtud de la protección del derecho a una vida digna y de exigencia del debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Las amenazas de judicialización, investigación y detención amparadas en la aplicación de instrumentos normativos creados con el objeto de obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones se acrecientan, evidenciando que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como una labor de riesgo.

 Los hechos descritos revisten gran preocupación en tanto que los discursos de estigmatización y llamados a la criminalización derivan con mayor recurrencia en la materialización de amenazas y actos violentos en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, aumentando los niveles de riesgo por el ejercicio de su labor.

Por ello, ante la profundización de la Política de Criminalización, exhortamos al Estado a cesar de inmediato las acciones tendientes a limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos y la acción humanitaria, pues estos son derechos reconocidos y protegidos internacionalmente.

MODIFICACIONES A LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 001 CONTINÚAN SIENDO UNA HERRAMIENTA PARA RESTRINGIR Y CONTROLAR A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El instrumento normativo fue reformado y contiene algunas modificaciones, en las que se excluyen las disposiciones del texto original que establecían la divulgación al registro de la información sobre los beneficiarios de las organizaciones, así como también la supresión de los plazos establecidos originalmente para proceder al registro y para la obtención de credenciales. Sin embargo, permanecen vigentes las disposiciones relativas al control y regulación de las organizaciones no gubernamentales, particularmente en el aspecto de la cooperación internacional, bien sea técnica o de tipo financiero. Por lo que los aspectos de fondo vinculados a la criminalización, control y limitación permanecen.

Recordamos que este nuevo instrumento forma parte de un andamiaje jurídico establecido como parte de las acciones tendientes a la reducción del Espacio Cívico y Democrático, y que la intención del Estado sigue orientada a controlar y restringir el trabajo de las organizaciones. Bajo un aparente manto legal la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal. 

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