Demandan al TSJ que proteja el derecho a la manifestación pacífica
Ante las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con las protestas estudiantiles que se intensificaron el 12 de febrero, los abogados Cristina Carbonell Parada, Gerardo Bello Aurrecoeche y Omar Arenas Pérez, en colaboración con Justicia Internacional, una ONG promotora de los Derechos Humanos, interpusieron este jueves una demanda en defensa del derecho a la manifestación pacífica, consagrado en el Artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con información de eluniversal.com
La acción que tuvo lugar ante la Sala Constitucional del máximo órgano del sistema judicial venezolano fue presentada como una demanda por intereses colectivos y difusos «en representación del pueblo venezolano, de todos los que ejercen el derecho a la protesta pacífica…», señaló la abogada Cristina Carbonell.
La demanda incluye argumentos demostrativos de violaciones a los derechos de manifestación pacífica, al derecho a la seguridad personal y la integridad física, al derecho al debido proceso, así como violaciones referentes al tema de la libertad de expresión. A juicio de los demandantes, tales violaciones fueron perpetradas por los cuerpos de seguridad del estado (la GNB, la PNB y el SEBIN) quienes incurrieron «de manera recurrente en actos de represión desproporcionados a manifestantes pacíficos» . La acción también está dirigida a denunciar las actuaciones del Ministerio de Interior y Justicia por ser «el coordinador de la política de seguridad de la Nación», indica el documento entregado.
Por su parte, el abogado Omar Arenas, especialista de derechos humanos, señaló que la demanda incluye entre los agraviantes a la Defensoría del Pueblo por «omitir la defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución» y la Fiscalía General de la República por «omitir de manera recurrente la investigación de casos notorios de represión y brutalidad policial» durante las recientes manifestaciones. Arenas, colaborador de la ONG Justicia Internacional, destacó la importancia que estos organismos, con indiscutible responsabilidad en materia de derechos humanos «actúen en forma expedita y eficiente». El gobierno está obligado a «resguardar, proteger y respetar el derecho al ejercicio de la manifestación pacífica, esta no puede ser calificada como un acto delictivo» concluyó Arenas.
