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ELN en Venezuela: crimen, extorsión y contrabando controlan nuestras fronteras

Los nexos del gobierno venezolano con los grupos armados de ideología marxista -leninista como las FARC y el ELN no son nuevos. En muchas ocasiones, el ex presidente Hugo Chávez, actuó como mediador entre los cabecillas de estos grupos guerilleros como Manuel Marulanda y Raúl Reyes, para negociar la liberación de ciertos rehenes como aquella de Ingrid Betancourt en julio de 2008 y el canje de 45 rehenes en los que estaban políticos, militares, policías y empresarios en el año 2007, año en el que comenzaron a fracturarse las relaciones entre el expresidente de Colombia Álvaro Uribe y Hugo Chávez, tras sus enormes diferencias políticas e ideológicas.

Reseñó EL PAÍS el 18/09/07: «El ELN acepta y agradece el ofrecimiento del Gobierno y pueblo venezolano, entendiendo que es con la solidaridad entre pueblos y naciones del mundo que se construye un futuro distinto para la humanidad». Esto fue publicado en un comunicado divulgado por el grupo guerrillero en Internet. La propuesta, asegura el PAÍS «(…) muestra a Chávez mediante un vídeo que entregó el pasado viernes a la senadora colombiana Piedad Córdoba, en un encuentro que mantuvieron en una zona selvática al sur del país. En la cinta, Reyes halaga a Chávez: «Quiero felicitarlo por su desempeño, por su admirable trabajo».

Ya desde 2005, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, había anunciado la aceptación para que el presidente de Venezuela Hugo Chávez, fuese mediador en un «eventual proceso de paz en Colombia». La oferta la había hecho Chávez por propia iniciativa durante una asamblea en la ONU, donde pedía a Álvaro Uribe, – quien ya mantenía una firme posición de rechazo frente a estos grupos guerrilleros – aceptar a la guerrilla del ELN como parte del proceso político y social de Colombia. Idea que fue promovida por el entonces presidente Juan Manuel Santos tras las constantes negociaciones de paz en 2016, apoyadas además por los gobiernos de Cuba, Ecuador, Bolivia y Venezuela, entre otros de izquierda y por las que le fue otorgado con el Premio Nobel de la Paz.

Los años han transcurridos y nos encontramos en noviembre de 2018, cuando comienzan a salir a flote nuevas noticias sobre la relación entre el gobierno venezolano y el ELN en las fronteras entre Colombia y Venezuela, inclusive dentro del país. luego del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez en 2013 y la llegada al poder del presidente Nicolás Maduro, se sabe que muchos de los grupos guerrilleros ejercen un importante control en distintos ámbitos del acontecer venezolano.

Un indicio se devela en 2018

El pasado 4 de noviembre de 2018, tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela GNB, murieron y otros 10 resultaron heridos, luego de ser agredidos por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia en el estado Amazonas. El ataque fue una respuesta a la detención de Luis Felipe Ortega Bernal, alias “Garganta”, cabecilla del grupo bastante influyente en Colombia, quien tiene una alerta azul en Interpol, junto a otros tres miembros de esa guerrilla.

Según informe de InSight Crime IC, Ortega Bernal tenía en su poder varios documentos de identidad venezolanos, entre los que se le encontró un Carnet de la patria, documento que sirve para acceder a los programas sociales del gobierno venezolano. El carnet estaba a nombre de Gabriel Alfonso Ariza Suárez.

«El enfrentamiento, ha sido de los más significativos entre la guerrilla colombiana y militares venezolanos en los últimos años», dice la IC, por lo que seguidamente se llevó a cabo un pronunciamiento por parte de la cancillería colombiana que, sólo logró «una tímida respuesta tardía» del Ministro de Defensa de Venezuela. Vladimir Padrino, quien desde su cuenta de twitter rechazó la presencia de cualquier grupo armado en el país. Pero nunca identificó al ELN como la organización criminal responsable de la agresión.

¿Qué hace el ELN en Venezuela?

La organización no gubernamental Insight Crime IC, especializada en el monitoreo del crimen organizado en el mundo, alertó el pasado 12 de noviembre que «(…) en Venezuela existen al menos 12 estados en donde hay presencia de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional». El dossier refiere que el ELN tendría presencia en Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar.

Cortesía de InSight Crime IC

IC explica que los guerrilleros están involucrados en diferentes actividades ilegales entre las que se encuentra el manejo del ganado, la gasolina y los alimentos mediante extorsiones. “Estarían desarrollando actividades como contrabando de ganado, contrabando de gasolina, cobro de extorsiones, distribución de comida, creación de emisoras de radio, reclutamiento de menores, ataques a funcionarios de cuerpos de seguridad, negocios con el narcotráfico y minería ilegal, entre otras”, aseveró la ONG.

El Contrabando

El ELN tendría presencia en Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar. Allí estaría desarrollando actividades como contrabando de ganado, contrabando de gasolina, distribución de comida y otros negocios ilícitos. Según la policía colombiana, el ELN cobra 200.000 pesos (US$66) por cada cabeza de ganado que deja pasar a Colombia. “Han sido más de 500 cabezas de ganado las que se han adquirido en el vecino país por 200.000 pesos y luego son vendidas en un millón”, informó el director de la policía fiscal.

En el Táchira, los negocios ilícitos se manejan por medio de la distribución de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP. El coordinador de la Fundación Redes, Javier Tarazona, manifestó que «(…) ese grupo guerrillero es quien maneja los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, con el control absoluto de las trochas, del contrabando de gasolina, el microtráfico con cultivo de droga en territorio venezolano.

Tarazona asegura además que Padrino López y la Fuerzas Armadas mantienen un acuerdo de convivencia:

“Ellos tienen un acuerdo de convivencia, de defensa de la revolución, y en los últimos días lo que ha venido ocurriendo es que ese acuerdo no se ha venido gestando, pero la guerrilla colombiana tiene cinco emisoras en territorio venezolano, reparte el Clap, adoctrina en las escuelas, recluta niños y jóvenes; es decir, el comportamiento de la guerrilla es de casa, actúa a sus anchas y largas en territorio venezolano”.

Presencia de guerilla en el Arco minero

Los grupos guerrilleros del ELN mantienen controlados varios territorios en el Estado Bolívar, el 14 de octubre, seis personas fueron ejecutadas en el municipio de Domingo Sifontes, la más importante zona minera del país, donde el gobierno Venezolano desarrolla el proyecto Arco Minero. Este hecho no solo mostró el poder que la guerrilla colombiana tiene en territorio venezolano, sino que puso de manifiesto el largo recorrido que han hecho, para tener presencia en la mitad del país. 

El exgobernador del Estado Bolívar por La Causa R, Andrés Velásquez, ha realizado que las comunidades indígenas están siendo obligadas a trabajar de mineros por parte de “grupos armados”.

Velásquez acusa directamente al Ejercito de Liberación Nacional ELN, de pretender hacerse con el control del territorio de los estados Amazonas y Bolívar, más específicamente el arco minero, “Venezuela como nación está en peligro, hago un llamado a la Fuerza Armada a que cumpla con su misión de defensa de la soberanía”. “Hay contaminación por mercurio del agua. Es la reserva de agua dulce más grande del país. Hay un ecocidio en la entidad. Es el ecocidio más grandes actualmente en el planeta”, argumentó.

La intención del gobierno nacional consiste en desarrollar la producción de minerales como oro, plata, diamantes y bauxita para no depender únicamente de la renta petrolera / Foto: archivo

El ELN ha construido sus asentamientos en zonas selváticas con el fin de controlar las rutas de transporte y poblaciones, pero se han involucrado especialmente en la explotación de los recursos minerales del suelo venezolano, específicamente el oro, diamante y coltán. Estos grupos fueron introduciéndose a la sombra del gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez quien les dio luz verde para entrar y descansar en Venezuela, pero bajo el régimen de Nicolás Maduro tienen un “(…)trabajo formal en las minas”: organizar a los mineros para explotar el recurso, luego transportarlo y entregarlo al gobierno venezolano, que desde hace poco tiempo recurre a la explotación minera como nueva fuente de riqueza ante el declive de su producción petrolera, reseñó IC.

Otros municipios como Atures, en el estado de Amazonas; José Gregorio Monagas en el estado de Anzoátegui y Sifontes en Bolívar, han tenido presencia y control de la guerrilla en las minas, al punto de que algunas comunidades indígenas, incluso, han dejado en manos del ELN el control del orden público. En algunas de esas zonas mineras se reportan a diario numerosos hechos de violencia.

Narcotráfico y tráfico de armas

En una reseña de la IC se narra un enfrentamiento de grupos armados acaecido el 30 de julio de 2018: «(…) un grupo de 10 hombres armados abrió fuego a plena luz del día en un sitio de billar en el municipio de El Tarra, en el departamento fronterizo de Norte de Santander en Colombia, informó el diario local La Opinión. Entre las víctimas se encontraban al menos dos miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, así como un líder social del municipio».

InSight Crime IC asegura que el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Ejército Popular de Liberación EPL, mantienen una violenta disputa por el control de la producción de cocaína en esa zona fronteriza con Venezuela. Al parecer, la masacre habría sido causada por un ajuste de cuentas del ELN con supuestas disidencias de las FARC, que se estarían sumando a las filas del ELP, según informes recogidos en trabajos de campo en la zona.

El 26 de julio, la periodista venezolana Sebastiana Barráez «(…) advirtió sobre el asesinato de seis obreros y la toma de una finca en el estado venezolano de Zulia, presuntamente por miembros del ELN». Hacendados y periodistas de la región aseguran que otra de las víctimas del ataque fue un militar venezolano. Aunque el gobierno de ese país nunca informó sobre este hecho.

Otros periodistas han realizado denuncias en las que confirman que el ELN «(…) ha llevado hasta ese territorio la disputa por el control del comercio de la cocaína, que mantenía del lado Colombiano con el Ejército Popular de Liberación EPL». Esta incursión ha ocasionado desplazamientos, y la muerte de civiles y militares venezolanos. Sin embargo, el gobierno venezolano ha guardado silencio ante estos hechos.

De acuerdo con la ONG Fundación Redes, el ELN estaría siendo apoyado por la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, que le estaría facilitando el ingreso al país, además de armamento y la posibilidad de interactuar y ejercer el control en muchos Estados y regiones de Venezuela. Las autoridades de Colombia y Venezuela parecen haber abandonado la región de Catatumbo a su suerte, y los grupos criminales que se disputan el mercado de la droga en esa zona fronteriza están aprovechando la situación.

El enfrentamiento armado entre el ELN y el EPL por el control territorial de Catatumbo, una de las zonas de mayor producción de cocaína en Colombia, se ha tornado cada vez más sangriento y parece estar fuera de control. La reciente masacre en El Tarra y los enfrentamientos en territorio venezolano, que han dejado varias víctimas, son una muestra de ello.

Mientras las autoridades venezolanas han preferido mantenerse al margen, dejando la zona en manos de los grupos irregulares, el gobierno de Colombia no se muestra capaz de dominar el impulso tomado por estas organizaciones criminales.

Javier Tarazona, director de la Fundación Redes, asegura que la Fundación no ha parado desde que viene haciendo públicas las denuncias sobre la incursión de grupos guerrilleros en Venezuela. «(…) entregan fascículos, revistas y material didáctico con fines de adoctrinamiento e ideologización». La denuncia también fue presentada ante el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y UNICEF.

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