Estudian meter reos en El Helicoide
El Gobierno estudia la posibilidad de habilitar El Helicoide para albergar personas detenidas de manera preventiva y con ello descongestionar los retenes policiales de Caracas, reveló una fuente del sistema de justicia.
Actualmente, en El Helicoide hay algunas dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Universidad Nacional de la Seguridad. Pero la idea de convertirlo en un gran retén policial fue planteada el jueves en una reunión convocada por el vicepresidente Jorge Arreaza y algunas cabezas del sistema de justicia, como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez; la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; y los ministros de Interiores, Miguel Rodríguez Torres, y Penitenciario, Iris Varela. La semana pasada también se evaluó el colapso de los retenes policiales.
En ese encuentro también se acordó designar una comisión de abogados penalistas para estudiar la situación de las 13.765 personas que están presas en los distintos retenes policiales del país: cuántas califican para medidas cautelares, quiénes son reincidentes y a cuáles se les imputa la comisión de un delito grave.
A partir del informe que rinda esa comisión se tomarán las medidas para agilizar el procesamiento a esos detenidos y sacarlos de los retenes. La ministra Varela aseveró en esa reunión que solo aceptará en las cárceles a personas sobre las cuales ya se haya ordenado un juicio. Argumentó que no quiere colapsar los penales, pues ya hay en ellos 19.120 presos que esperan la celebración de la audiencia preliminar, acto en el cual el tribunal de control decide si ordena o no su pase a juicio.
Los asistentes al evento también analizaron por qué muchos retenes policiales albergan personas que ya han sido condenadas, dado que debería pagar su condena en una penitenciaría. Basados en casos concretos, llegaron a la conclusión de que muchos de esos condenados presuntamente pagan dinero a los jefes policiales para que no los trasladen a una cárcel, reveló un testigo del encuentro.
Ortega Díaz detalló en esa reunión lo que ella considera trabas para la celebración de audiencias preliminares y entre ellas resaltó la no citación de las víctimas. Por su parte, la presidenta del TSJ se quejó porque las identificaciones de los expedientes (nomenclaturas) en algunos casos no coinciden con los que lleva la Fiscalía, situación que dificulta la celebración de las mencionadas audiencias. El punto generó controversia entre las dos funcionarias. Gutiérrez agregó que desde mucho antes viene visitando los tribunales para apurar los juicios.
Actualmente, hay 51.645 reclusos repartidos en 47 cárceles, de los cuales 17.812 ya purgan condena, mientras que 35.607 esperan por un juicio, según datos ventilados en esa reunión.
La cifra que más alarmó fue la de 13 765 personas que permanecen detenidas en retenes policiales y que ni siquiera han tenido acceso a la audiencia preliminar. Esta situación ha provocado una crisis en las distintas sedes policiales, por el hacinamiento y porque las Comandancias no están dotadas de la infraestructura necesaria para albergar grandes cantidades de detenidos.
