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Fiscal rechaza intromisión de EE UU y Vivanco en caso Súmate

El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, calificó el pronunciamiento del Departamento de Estado norteamericano, en relación con la decisión de los tribunales venezolanos de pasar a juicio a cuatro directivos de la empresa Súmate, como una grave injerencia en la política judicial del Estado venezolano.

Indicó que la sola intromisión de Estados Unidos en la política interna de Venezuela ha sido considerada grave a escala internacional, pero más grave aún es ahora la injerencia en las funciones y atribuciones judiciales de nuestra República que están totalmente desvinculadas de los actos del Poder Ejecutivo, puesto que corresponden esencialmente a la función de control judicial por parte del Estado venezolano.

«Quienes mantienen el discurso de la división de los poderes públicos deberían tener mucho más cuidado cuando emiten declaraciones relativas a esta función de control judicial del Estado, pues esta descansa y está sustentada en entrevistas, experticias y actos de investigación que los declarantes desconocen y a pesar de ello los califican irresponsablemente.”, dijo el fiscal.

Isaías Rodríguez indicó que deberían volver su mirada hacia la reciente decisión de los tribunales estadounidenses de condenar a cuatro meses de prisión a la periodista norteamericana, judith Miller, por el hecho de resguardar su fuente de información, un derecho adquirido por los trabajadores de la prensa, que es reconocido internacionalmente.

«¿Dónde está Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el Departamento de Estado, Reporteros sin Fronteras, incluso? ¿Dónde están las condenas a este hecho que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información?», expresó el Fiscal General quien añadió que el Ministerio Público en Venezuela ha respetado cabalmente este derecho de los periodistas venezolanos.

Apuntó que la declaración de Vivanco y Human Rights Watch sobre Súmate no sólo luce desproporcionada, sino que, además, la franca coincidencia con la Casa Blanca, revela que esa seudo organización defensora de los derechos humanos no tiene ningún tipo de independencia ni autonomía para discernir asuntos de esta naturaleza con criterio propio y, por el contrario, se muestra cínicamente con carácter oficial como otra oficina más del Departamento de Estado.

Agregó que pareciera que siempre Human Rights Watch y Vivanco están concertados para defender los intereses del Departamento de Estado, pues sus informes y pronunciamientos muy poco atacan las muchísimas violaciones en que incurre el gobierno de EE UU, calificado como el mayor enemigo de los derechos humanos en el mundo hasta el punto de haber sido sancionado, el 3 de mayo de 2001, por 28 países que lo excluyeron de la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas.

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