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«Gobierno venezolano no está en condiciones para asumir PPT del Mercosur»

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), se pronunció el viernes ante la crisis política que atraviesa el Mercado Común del Sur, consecuencia de la posición asumida por el gobierno de Uruguay, al abandonar la Presidencia Pro-Témpore (PPT) e intentar hacer el traspaso «automático» al gobierno venezolano, y la pretensión de este último de asumirla de “facto”, acción objetada por el resto de los Estados miembros, dando origen a una situación de «acefalia» inédita en sus 25 años de existencia.

La organización considera que para que Venezuela pueda asumir la dirección del Mercosur «requeriría dar un golpe de timón en materia económica y hacer claros gestos políticos», entre los que destacan respetar las competencias de la Asamblea Nacional, liberar a los presos políticos y convocar el referéndum revocatorio este año.

«Es una práctica habitual en las organizaciones internacionales que, debido a razones de fuerza mayor, un Estado podría no asumir una PPT que le corresponda por rotación alfabética. Venezuela vive tiempos muy difíciles que le impiden a un gobierno claramente desbordado asumir la responsabilidad de la PPT del Mercosur, tal como lo han subrayado los gobiernos de Paraguay y Brasil. Para colocarse al día con el Mercosur, gozar de sus beneficios y poder representarlo cabalmente, el gobierno venezolano requeriría dar un golpe de timón en materia económica, y hacer claros gestos políticos como respetar las competencias de la Asamblea Nacional, liberar a los presos políticos, proceder a la apertura inmediata de un canal humanitario y convocar sin más dilaciones un Referéndum Revocatorio este año», cita el comunicado.

Continúa diciendo que el modelo político y económico «seguido à outrance por el Presidente Nicolás Maduro es incongruente con el espíritu y normas del Mercosur, basadas en el respeto a la Democracia y los Derechos Humanos, los principios de economía de mercado y la justicia social», y que el mismo «ha sumido al país en una grave crisis multidimensional».

Del mismo modo, el Covri responsabiliza al gobierno venezolano por las consecuencias que pueda sufrir el país por el mal manejo de suparticipación en el Mercosur. «Hoy por hoy, algunos actores -como parece ser el caso de Brasil- ya no sólo están planteando bloquear el traspaso de la PPT del Mercosur al gobierno venezolano debido a la aguda crisis que atraviesa el país, sino incluso una eventual salida de Venezuela del bloque regional por no cumplir con los compromisos pactados», alertan.

A continuación, el resto del comunicado:

«El ejercicio de una PPT de una organización internacional está sujeto a determinadas normas. Según el artículo 12 del Tratado de Asunción de 1991 y el artículo 5 del Protocolo de Ouro Preto de 1994, la PPT del MERCOSUR “será ejercida por rotación de los Estados Partes, en orden alfabético, por un período de seis meses”. En ninguna parte estos tratados dicen que se realizará automáticamente. Además, durante los 25 años de historia del MERCOSUR, en los cuales ha habido un total de 47 PPTs, la costumbre –ya consagrada como obligación- seguida para efectuar la rotación, ha sido realizar el traspaso en una Reunión del Consejo del Mercado Común -órgano superior que le corresponde la conducción política del MERCOSUR según el artículo 10 del Tratado de Asunción y el artículo 3 del Protocolo de Ouro Preto. Ergo, estamos ante una decisión política y no un mero procedimiento automático. Al respecto, cabe señalar, que el mismo Protocolo de Ouro Preto en su artículo 37 establece que “las decisiones de los órganos del MERCOSUR serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes”, y no unilateralmente y a través de hechos consumados, como lo han pretendido los gobiernos de Uruguay y Venezuela para traspasarse entre ellos la PPT del MERCOSUR.

El COVRI considera que forma y fondo son muy importantes, y por tanto observa que el apresuramiento y la defensa dogmática de la norma de rotación alfabética hechos por Uruguay y Venezuela sin contar con el consenso de Argentina, Brasil y Paraguay, ha colocado al organismo en una situación de crisis política e incertidumbre institucional. Esto sólo encuentra explicación a través de los intereses económicos uruguayos de corto plazo y las afinidades ideológicas de un sector del oficialista Frente Amplio en relación al gobierno venezolano; así como en las urgencias del gobierno venezolano para disimular la grave crisis interna y su aislamiento regional mediante la toma de la PPT del MERCOSUR por asalto.

Por otra parte, el derecho de asumir la PPT del MERCOSUR tiene como contrapartida la obligación de adoptar e incorporar al ordenamiento jurídico interno todo el acervo normativo vigente del MERCOSUR –como lo hemos venido subrayando desde que Venezuela asumió la PPT del MERCOSUR por primera vez en julio de 2013. Dicho acervo, está compuesto en primer lugar, por el Tratado de Asunción, los Protocolos de Ouro Preto y Olivos, los Protocolos de Ushuaia I y II sobre Compromiso con la Democracia, el Protocolo de Asunción sobre el Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el acuerdo de Residencia del MERCOSUR, la Nomenclatura Común del MERCOSUR, el Arancel Externo Común y el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 -este último “espina dorsal del MERCOSUR fenicio”. Y, en segundo lugar, por los acuerdos comerciales ya negociados por el bloque (donde destacan los Acuerdos Marco de Cooperación Económica MERCOSUR-Consejo de Cooperación del Golfo, MERCOSUR-Marruecos y MERCOSUR- Jordania; los Tratados de Libre Comercio MERCOSUR-Israel, MERCOSUR-Palestina, MERCOSUR-Egipto; los Acuerdos de Complementación Económica del MERCOSUR con Chile, Perú, México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Cuba; y los Acuerdos de Preferencias MERCOSUR-SACU y MERCOSUR-India); así como las negociaciones en curso (para un Acuerdo de Asociación entre MERCOSUR y la Unión Europea, y otro entre MERCOSUR y la Alianza del Pacífico).

El artículo 3 del Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR firmado en Caracas el 4 de julio de 2006, estableció un plazo máximo de 4 años contados a partir de su entrada en vigencia, para que Venezuela adoptara en forma gradual todo este acervo normativo del MERCOSUR. Dicho instrumento entró en vigencia tras la suspensión de Paraguay y el polémico ingreso de Venezuela aprobado en el XLIII Reunión del Consejo del Mercado Común celebrada en Mendoza el 29 de junio de 2012, siendo este último formalizado en la Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común celebrada en Rio de Janeiro el 31 de julio de 2012. Hoy por hoy, trascurridos 4 años, el gobierno venezolano irresponsablemente está en mora con la adopción e internalización del acervo del MERCOSUR, siendo un socio incompleto que lamentablemente se ha inhabilitado para poder representarlo.

El COVRI responsabiliza al gobierno venezolano por las consecuencias que pueda sufrir el país por el mal manejo de nuestra participación en el MERCOSUR en general y la actual crisis en particular. Hoy por hoy, algunos actores -como parece ser el caso del gobierno de la República Federativa de Brasil- ya no sólo están planteando bloquear el traspaso de la PPT del MERCOSUR al gobierno venezolano debido a la aguda crisis que atraviesa el país, sino incluso una eventual salida de Venezuela del bloque regional por no cumplir con los compromisos pactados. Recordemos que el artículo 60 numeral 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 señala que “una violación grave de un tratado multilateral por una de las partes, facultará a las otras partes por acuerdo unánime para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente, o darlo por terminado en las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violación”. Todo esto deja al desnudo la ligereza con la cual se ha conducido la política exterior de Venezuela en los últimos años, que ha asumido la integración regional como simples juegos florales a ser aderezados con pensamiento de nuestros Próceres y voluntarismo ideológico.

6) Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que de conformidad al artículo 187 numeral 10 de la Constitución Nacional, apruebe un voto de censura que implique la destitución de la Canciller Delcy Rodríguez, cuyo mal desempeño diplomático ha sido un factor perturbador que ha agravado la actual crisis política del MERCOSUR, sometiendo al país al oprobio internacional y revelando que no está capacitada para servir a los altos intereses de la República ni representa la cordialidad y buenas maneras que caracterizan al pueblo venezolano. Además, la Canciller Rodríguez ha demostrado en varias oportunidades falta de manejo de la técnica diplomática y una retórica llena de insultos y tergiversaciones, que en este caso -con levedad pasmosa- ha recurrido a analogías muy ofensivas entre nuestros socios comerciales del presente y otros protagonistas pretéritos que escribieron dolorosas páginas de la Historia de América del Sur como la «Guerra de la Triple Alianza» y la «Operación Cóndor».

7) Exhortamos al gobierno nacional a reactivar la Comisión Presidencial para el MERCOSUR, y a establecer en diálogo constructivo con la Asamblea Nacional y otros actores económicos y sociales de relevancia, una hoja de ruta para completar la adopción e internalización del acervo normativo del MERCOSUR, así como elaborar un informe para ser presentado a la mayor brevedad posible a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR que precise las normas internalizadas y la hoja de ruta citada.

8) En conclusión, consideramos que el gobierno venezolano no se encuentra en condiciones para asumir la PPT del MERCOSUR y su pretensión de hacerlo de “facto” ha abierto una herida que puede afectar el futuro del mecanismo. Esto obliga a la búsqueda de una salida que pase por el respeto y reconocimiento de los tratados fundacionales del MERCOSUR. En este sentido proponemos a los líderes de los Estados miembros que acudirán a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Rio, que establezcan un plazo de 15 días para seguir con las consultas y negociaciones entre sus gobiernos con el propósito de buscar una solución por consenso, y a partir de allí de no ser posible hallarla, remitir la controversia -en forma directa y en única instancia- al Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR de 2002.

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