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Informe de la INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION concluye que interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial desautoriza el estado de derecho en Venezuela

Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBA) publicó hoy un informe nuevo titulado “Venezuela: La justicia en entredicho”.

El informe describe las amenazas principales a la independencia del poder judicial, las restricciones a la capacidad de los jueces y abogados en el libre ejercicio de su profesión y hace hincapié en el deterioro reciente en el respeto por el poder judicial, la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos en Venezuela.

El informe revela las interferencias del poder ejecutivo en el poder judicial como un grave impedimento a la administración de la justicia de manera eficaz e imparcial. El informe concluye que la interferencia del poder ejecutivo en el poder judicial ha desautorizado seriamente el estado de derecho, por lo que su actitud general frente a la función del poder judicial es verdaderamente preocupante. La falta de disposición del estado frente a la implementación de las medidas preventivas aplicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de proteger a los defensores de los derechos humanos ha dejado a muchas personas indefensas frente a los agravios, concluye el informe. Igualmente, el gobierno venezolano ha creado un ambiente donde se desautoriza la protección de los derechos humanos y se socavan las bases del estado de derecho a diario, lo que provoca un clima de temor que refleja una amenaza a la imparcialidad y la independencia del poder judicial. Esto incide negativamente en la capacidad de los ciudadanos venezolanos de acceder a la justicia.

Fernando Cruz, Juez en la tribunal constitucional de la corte suprema en Costa Rica y miembro de la delegación de la IBA dijo: “Los jueces en Venezuela están operando bajo condiciones muy difíciles debido a la existencia de actos de persecución e intimidación, los cuales han generado un clima de temor e inseguridad en la judicatura y en el ejercicio de la abogacía. Tanto en el derecho interno como en los tratados internacionales de los cuales el estado venezolano es parte, se reconoce y protege la independencia de la judicatura. El gobierno debe desistir de actos que afecten el estado de derecho. El desempeño de la abogacía, libre de presiones y temores, es un requisito fundamental para la efectiva administración de justicia y para la vigencia efectiva del estado de derecho

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