Inhabilitaciones y persecuciones políticas en Venezuela fueron condenadas por la CIDH
Este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó su voz para repudiar las restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación de los candidatos opositores y de quienes manifiestan para exigir derechos en Venezuela.
“El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos, así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica”, destacó.
Hay que recordar que el pasado 30 de junio la Contraloría General de la República vinculada a la administración de Nicolás Maduro, ratificó la inhabilitación que pesa sobre la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, para poder optar a cargos públicos.
A esta inhabilitación se suman otras como la de los también opositores Henrique Capriles y Freddy Superlano.
La CIDH mencionó que ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución.
“Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuesta mediante una condena en el marco de un proceso penal”, manifestó la organización Defiende Venezuela en una nota de prensa.
Asimismo la CIDH mostró su gran preocupación por la detención arbitraria de tres sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 11 de junio, durante una protesta para reivindicar derechos laborales.
“Según lo informado por organizaciones de la sociedad civil, en lo que va del año, más de 20 personas trabajadoras fueron detenidas en circunstancias parecidas, siendo sometidas a regímenes de presentación periódica ante tribunales y en algunos casos imputados por delitos como instigación al odio”, destacó la ONG.
Destacó además que las inhabilitaciones administrativas de personas candidatas opositoras y la detención arbitraria de sindicalistas no son hechos aislados, resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país.
En ese sentido, refirió que la CIDH consideró que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que tienen las sociedades democráticas para garantizar los demás derechos.
