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Los CLAP discriminan políticamente en la repartición de alimentos

El gobierno de Nicolás Maduro creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como un nuevo método de distribución de alimentos que intentará acabar con las redes de bachaqueros.

Ya se han conformado más de 9.000 grupos y en varios lugares han comenzado a repartir bolsas de comida en medio de una escasez que según los economistas se acentuará aún más.

El nuevo mecanismo, coordinado por Freddy Bernal, ha abierto una nueva zanja para la segregación y el control político a través de la comida.

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Unidades de Batalla

“Por aquí hoy estuvo un chico de Vista Alegre preguntando cómo podía comprar una bolsa. No le pudimos dar porque este no es su consejo comunal, pero le enseñamos cómo pueden construir uno para luego formar su CLAP. La organización es clave en todo este proceso”, contó Luz Carolina Poveda, vocera de uno de los consejos comunales que el 20 de mayo recibieron productos.

El nuevo mecanismo de distribución obliga a los venezolanos a insertarse en las estructuras organizativas creadas por el chavismo para poder tener acceso a los alimentos. Los CLAP se eligen en asambleas hechas entre los miembros de los consejos comunales, las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), Unamujer y el Frente Francisco de Miranda, todas organizaciones politizadas en mayor o menor medida.

“Desde la teoría no está planteada la discriminación. Esas reuniones son abiertas, pero cuando se hacen las convocatorias los opositores no van. Ellos mismos se autoexcluyen porque la polarización política es muy fuerte”, aseguró Rubén Mendoza, miembro de los Círculos Bolivarianos Originarios en la parroquia El Valle, donde los CLAP también han comenzado a repartir comida.

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Los voceros son los que deciden

Todos los dirigentes chavistas interrogados para este trabajo aseguraron que no existe un lineamiento central del partido que pida la discriminación en la distribución de bolsas de comida. A la vez, defendieron la participación de instancias afines al oficialismo por su importancia como herramientas de “participación popular”. Sin embargo, este tipo de repartición otorga mucha discrecionalidad a los voceros de cada CLAP, que terminan teniendo potestad para decidir sobre el bocado de la gente.

Son los responsables del CLAP los encargados de censar a los habitantes de su sector y el día de la entrega de bolsas chequean en listas quién está autorizado para llevarse los productos. También ponen las reglas para definir los horarios y métodos de entrega, así como cuánto le toca a cada grupo.

“Si llega comida para todos, muy bien. Pero si hay que priorizar, se prioriza. Esa es mi opinión muy personal. No voy a dejar de darle a un revolucionario para entregarle a alguien que luego va a estar hablando pestes del gobierno”, advirtió Haydee Toro, jefa de una UBCH en Fila de Mariches, estado Miranda, que fue electa para el CLAP de su comunidad. En ese sector empezaron a hacer los censos y hasta la semana pasada no se había materializado la entrega de alimentos.

Como no existen reglas generales y comunes para los más de 9.000 CLAP que se han constituido, según el gobierno, en cada uno aplican ciertas normas que terminan discriminando a algunos grupos.

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Mantuanos, temblad

Luis Ramírez, dirigente comunal de La Pastora, aseguró que más de cinco CLAP que se organizaron en el casco histórico de esa comunidad hicieron los censos correspondientes pero no han recibido comida para repartir. “Nos llegaron a decir que la gente del casco histórico somos de clase media y mantuanos, por lo que no merecemos alimentación”, contó Ramírez.

En la parroquia Candelaria ocurre lo mismo. A un vocero de un consejo comunal de la avenida México, que prefirió declarar en condición de anonimato, le informaron en una reunión que se concentrarían en las zonas populares como Sarría.

Todo esto parece revelar una estrategia: blindar la base de apoyo del gobierno, cuya aprobación está ubicada desde hace meses entre 25% y 30% según distintas encuestas. Este objetivo es vital para que el oficialismo logre resistir lo que queda de año y evite que el descontento popular presione la realización de un referéndum que podría sacar al chavismo del poder.

“Buscan evitar una pérdida mayor de piso político al garantizar que sean sus seguidores los que obtengan los productos. El estado de excepción deja la puerta abierta para una distribución segregacionista de los bienes”, advirtió el politólogo John Magdaleno, también director de la firma Polity, según reseñó un trabajo de investigación de El Nacional.

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