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Niegan amparo cautelar contra uso de armas en manifestaciones

Este viernes se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó el amparo cautelar contra la resolución número 008610, del Ministerio de la Defensa, es decir que sigue vigente y se mantiene el uso de armas de fuego y potencialmente mortales en las manifestaciones pacíficas y reuniones públicas, negando con ello el derecho a la vida.

El señalamiento lo hizo la presidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano, quien deploró la decisión y calificó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de ser un «antro de corrupción jurídica», reiterando que opera como bufete privado del presidente Nicolás Maduro.

«EL TSJ es muy diligente para anular las decisiones de la Asamblea Nacional, pero no lo es cuando se trata de los ciudadanos. Hoy a más de año y medio después que fue introducida la medida cautelar y el recurso de nulidad, permiten que siga vigente la resolución que consideran una maravilla. Será para ellos que son unos represores, pero para los que creemos en la paz y la democracia esa resolución viola el derecho a la vida».

Explicó que negaron el amparo cautelar, que era para suspender la resolución en lo inmediato. Sin embargo, admitieron el recurso de nulidad que trata a fondo los alcances de esta resolución, ya que amerita un análisis más profundo antes de tomar una decisión y dicho proceso jurídico, asegura, puede tomar años.

Precisó que estudiarán las decisiones jurídicas y en los próximos días anunciarán las acciones legales que se tomarán al respeto.

El pasado 3 de febrero del 2015, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) introdujo en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, un recurso de nulidad por inconstitucionalidad con amparo cautelar, contra la Resolución número 008610, firmada por el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Consideran, viola los artículos 68, 25, 4, 329, 332 y 337 de la Constitución.

La mencionada resolución autoriza el uso de armas de fuego, sustancias químicas y armas potencialmente mortales para el control del orden público.

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