OVCS: Durante septiembre hubo un total de 983 protestas
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) considera que el Gobierno de Maduro tiene su agenda anclada al interés político y no a los requerimientos de los ciudadanos.
Así lo evidencian las protestas en septiembre del corriente año, de acuerdo al reciente informe emanado de la ONG. En este sentido, reporta que en nueve meses se acumularon 9.355 protestas, donde el 87% de las manifestaciones fueron por derechos sociales.
En líneas generales, el OVCS considera que “se agudiza la emergencia humanitaria compleja en Venezuela”. En lo que respecta a septiembre, específicamente documentó “983 protestas, con un promedio de 33 protestas diarias”.
Esta cifra “representa un incremento de 394% con respecto a septiembre de 2017, cuando se documentaron 199 protestas”.
Entre las razones más frecuentes de las protestas está “la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca)”. Dicho elemento determinó 87% de las protestas registradas en septiembre.
En el informe se detalla que alrededor de 221 protestas combinadas se evidenciaron durante septiembre. Se exigieron distintos derechos simultáneamente, siendo los cierres de calle y concentraciones las principales modalidades de protesta.
Explicó el OVCS que en general, las protestas se caracterizaron por demanda de derechos sociales como eje central, solicitud de garantía de las contrataciones colectivas, exigencias laborales en los sectores salud, universitario, eléctrico, telecomunicaciones, transporte y siderúrgico, colapso de los servicios básicos, agua potable, electricidad y gas doméstico y protestas de adultos mayores por derecho a la seguridad social
De acuerdo con el reporte geográfico, los cinco estados con mayores índices de protestas fueron Bolívar, Táchira, Distrito Capital, Anzoátegui y Lara.
En cuanto a los cinco derechos más exigidos en septiembre de 2018, el OVCS destaca, los derechos laborales, en el que el “paquetazo de Maduro aumenta la conflictividad en el país”
“Los derechos laborales siguen repuntando en las protestas. En septiembre, se contabilizaron 409 casos en todo el país”. En respuesta al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que activó el Gobierno nacional, se han generado múltiples acciones de protesta por parte de diversos gremios laborales que rechazan el aumento unilateral del salario mínimo. Además, exigen el respeto a las contrataciones colectivas alcanzadas por las luchas sindicales a lo largo de los años y que fueron desconocidas por las autoridades gubernamentales con el anuncio del “Paquetazo de Maduro”.
Las consecuencias se siguen palpando en la economía del ciudadano: mayor inflación, carestía de productos y deterioro de servicios.
El sector productivo del país continúa maniobrando con limitaciones como consecuencia del quinto aumento del salario mínimo en 2018.
Algunas empresas y comercios tuvieron que realizar reacomodos, optar por el subsidio del Estado o cesar hasta nuevo aviso las operaciones luego de que se oficializara el ajuste de Bs S 50 a Bs S 1.800, a partir del 1° de septiembre.
En el caso de la administración pública, los trabajadores han dejado de percibir seguros privados, primas y otros beneficios, lo que se ha traducido en descontento.
Los profesionales de la salud superaron los 90 días de protesta con al menos 140 acciones de calles, en las que reclaman salarios dignos, insumos médicos, condiciones sanitarias e infraestructura óptimas para la atención de pacientes.
Las acciones del sector salud impulsaron la lucha en diversos gremios, como educación, eléctrico, telecomunicaciones, siderúrgico, entre otros; que hicieron uso de la protesta pacífica para defender sus derechos laborales, contabilizando un total de 149. Les siguieron los trabajadores del sector estudiantil (133)y transportistas.
En torno a la clasificación de las principales protestas laborales por sector, se tiene que los jubilados y pensionados siguen sufriendo los embates de un gobierno indolente
Adultos mayores, jubilados y pensionados, han exigido sus derechos durante todo el año. En septiembre realizaron 97 protestas y sus principales demandas fueron: pago de pensión completa, dotación de medicinas y acceso a los alimentos.
El colapso de servicios básicos: al menos 9 protestas diarias se registraron el mes pasado por el deterioro de los servicios básicos, para contabilizar un total de 272.
El balance de las principales protestas por servicios en septiembre fueron gas doméstico (125), agua potable (91) y energía eléctrica (56)
En cuanto a las protestas por derechos civiles y políticos (DCP) se tiene que éstas aumentan su representatividad en el índice mensual de manifestaciones a nivel nacional. “Durante el mes de septiembre estuvieron centradas mayoritariamente en rechazo a las acciones del Estado en contra de dirigentes e integrantes de partidos políticos de oposición (60). Así cómo denuncias a la vulneración de derechos humanos de las personas privadas de libertad (50)”.
El OVCS en su informe resalta que persisten las protestas por alimentos. “Así, las protestas por alimentos continuaron durante septiembre. El OVCS documentó 44 protestas aproximadamente, siendo Distrito Capital (8), Bolívar (6), Delta Amacuro (5) y Guárico (4) las entidades con mayores demandas al derecho a la alimentación”.
En algunas localidades se mantuvo la intención y práctica del saqueo, como medida desesperada para acceder a los alimentos. En septiembre se registraron al menos 4 saqueos y 3 intentos de saqueo.
Revela además que se agudiza la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. “Venezuela atraviesa una profunda crisis social y política, que se agudiza con el pasar de los días. Del total de protestas documentadas, 87% estuvo determinada por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo cual quiere decir que la población se siente indefensa al no poder satisfacer sus necesidades básicas y recurre a las acciones de calle para llamar la atención de las autoridades”.
La ONG apuntó que “el Estado debe cumplir con sus obligaciones y atender las demandas de los ciudadanos, priorizar los recursos para el acceso inmediato al derecho a la salud y a la alimentación, generar una política pública de inclusión para todas y todos los ciudadanos, no solo de un sector ideológicamente identificado con el partido oficialista.El Estado de Excepción y Emergencia Económica, nuevamente declarado y con extensión por 60 días, en vez de recuperar económicamente al país, impone nuevos controles e incrementa el poder del Ejecutivo”.
Las medidas económicas, lejos de convertirse en una solución, han agudizado la situación de los trabajadores ante el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario, su inestabilidad laboral y la pérdida de beneficios contractuales, producto de largas luchas sindicales. El aparato productivo nacional está en crisis, cada vez con menos opciones para su recuperación, resultado de las decisiones unilaterales del Gobierno .Las consecuencias resultarán reflejadas en una clase obrera cada vez más empobrecida, descapitalización de talento y cierre operativo de las industrias por falta de mano de obra calificada.
A esto último se suman las fallas de los servicios básicos en detrimento de la población y de los sectores productivos, que han tenido que limitar sus actividades por falta de electricidad, agua o gas durante días. Esta situación hace insostenible cualquier plan de desarrollo del país. Por el contrario, avanza hacia su colapso.
“Desde el OVCS, reiteramos que 2018 se convertirá en el año con mayor número de protestas registradas en los últimos diez años, por encima de 2014 y 2017. Todos los récords de protestas han ocurrido durante el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ratifica el progresivo descontento popular y la agudización de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela”, concluyó el informe.
