OVP denuncia que persiste el «hacinamiento crítico» en centros penitenciarios de Venezuela
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este domingo que en 2023 persistió el «hacinamiento crítico» en centros penitenciarios del país, donde «los presos viven en condiciones deplorables».
«El sistema penitenciario en Venezuela está colapsado por la corrupción, el retardo procesal, hacinamiento crítico y condiciones inhumanas para los presos sociales y políticos», dijo la ONG en la red social X.
En este sentido, señaló que, «ante la mirada cómplice del régimen», en referencia al Gobierno, los «presos viven en condiciones deplorables, sin acceso adecuado a alimentos, atención médica y servicios básicos».
Explicó que la «violencia y desidia en las cárceles afectan no solo a los reclusos, sino también a sus familias y a la sociedad en general», por lo que hizo un llamado a «abordar la crisis» en estos centros a través de un «enfoque integral» que «incluya medidas de rehabilitación y reinserción social».
En noviembre, instituciones acordaron acelerar los procesos judiciales de los privados de libertad, en un encuentro de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, una instancia establecida en 2021 que persigue también la erradicación del hacinamiento.
En las cárceles se registró un hacinamiento del 64,19 % durante 2022, con una población reclusa de 33.558 privados de libertad sobre una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas, según datos del OVP, difundidos en marzo.
Esta organización y la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), que también denuncia con frecuencia irregularidades dentro de las cárceles, advirtieron recientemente de un aumento del hacinamiento tras los traslados de miles de presos que estaban recluidos en las siete prisiones que fueron intervenidas desde septiembre por el Gobierno, a través de amplios operativos militares y policiales.
El Ejecutivo aseguró que desmantelaron ocho «mafias carcelarias», entre ellas la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las intervenidas.
Durante estos operativos, los funcionarios incautaron 605 armas de fuego, 862 armas blancas y 399.587 municiones, de acuerdo con el balance oficial, que da cuenta también de la recuperación de 4.015 espacios dentro de estos centros y del traslado de más de 8.000 privados de libertad a otras prisiones.
