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Periodistas persisten trabajando a pesar de las violaciones de libertad de expresión

Las detenciones contra los periodistas persisten en el país y los trabajadores de la prensa exigen que se respete el derecho a la libertad de expresión, para informar lo que pasa en Venezuela.

Cada vez que detienen a algún periodista, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) junto a los colegas del área se encargan de denunciar las detenciones arbitrarias por parte de la administración de Maduro, tal es el caso de los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima que fueron detenidos por el Cicpc presuntamente por el “manejo de cuentas anónimas en redes sociales”.

Según la ONG Espacio Público, la periodista y coordinadora del portal digital 800Noticias,Luisa Mimi Arriaga, la detuvieron el jueves 18 de junio, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su residencia en El Hatillo, estado Miranda.

La detención a Arriaga ocurre luego de que los efectivos allanaran la vivienda de la comunicadora social llevándosela detenida.

Al periodista, Marco Antoima lo detuvo el Cicpc en la mañana del sábado 20 de junio en Los Palos Grandes, Caracas. La detención se produjo con la orden del Tribunal 47 de Control una vez transcurridas 24 horas de la aprehensión de la también periodista Mimi Arriaga.

Ambos comunicadores, exempleados del canal Venevisión,  son vinculados con el manejo de cuentas anónimas en redes sociales para presunta difamación y extorsión; junto a otros dos periodistas que están fuera de Venezuela: Rita Di Martino y Rafael Garrido.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) informó que el Tribunal 47 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó arresto domiciliario a los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima la tarde de este lunes 22 de junio.

Espacio Público, precisó que Arriaga y Antoima tienen también prohibición de salida del país y prohibición de divulgar en medios mensajes que inciten al odio.

Mayo: 112 violaciones a la libertad de expresión

Espacio Público denunció que en mayo registraron 49 casos que corresponden a 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan por la frecuencia con la que ocurren: la intimidación, censura y las restricciones administrativas.

Las víctimas en su mayoría son periodistas, particulares y ciudadanía en general, mientras que los responsables siguen siendo, los cuerpos de seguridad,  instituciones del Estado y funcionarios.

Al cierre del quinto mes del año se acumulan 556 violaciones al derecho, entre las que destacan 20 detenciones a particulares, periodistas y trabajadores de la prensa,«hechos que demuestran el nivel de persecución en contra de todo aquel que ejerza legítimamente su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información en el país».

Entre enero y abril se registran unas 261 víctimas, entre ellos el 65% (160) son trabajadores de la prensa; los trabajadores públicos, que incluyen miembros del sector salud, suman el 8% (22), y los medios de comunicación (18) comprenden el 7%. El 36% de los victimarios son cuerpos de seguridad, en su mayoría miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Unas 59 personas fueron privadas de libertad por difundir información u opiniones en este primer cuatrimestre, en su mayoría por críticas relacionadas con la gestión del gobierno, lo más reciente vinculado a la emergencia sanitaria agudizada con la pandemia del Covid-19. 

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