Sociedad Venezolana de Salud Pública rechaza acciones contra el Dr Muller
La detención arbitraria e ilegal del Dr. Gonzalo Müller y del trabajador Sr. José Luis Spitia, del hospital José Gregorio Hernández de Caracas (Magallanes de Catia) generó desconcierto, indignación y rabia en muchos profesionales de la salud en el país.
Citando un documento publicado por la Academia Nacional de Medicina, los profesionales de la salud pública nacional rechazaron las actuaciones «desmedidas y represivas» de cuerpos de seguridad del Estado.
«Es un atropello intolerable que hay que rechazar con contundencia», expresó en un comunicado la Sociedad Venezolana de Salud Pública.
En el texto se solidarizaron con el colega y con el trabajador que sufrieron la detención y resumieron los principios y valores que inspiran la actuación de los médicos, de otros profesionales de la salud y de los trabajadores sanitarios venezolanos.
Destaca el documento el compromiso ético de los médicos de cumplir las obligaciones profesionales, inspirados en el principio de beneficencia, en favor de las personas afectadas en su salud, que acuden a los centros de atención en procura de recuperarla, y denunciaron que solo se «encuentran son carencias, trato indigno y falta de humanidad, por parte de los responsables de gestionar, administrar y dotar adecuadamente esos servicios».
«No podemos permitir por parte del régimen, la insensata penalización de la generosidad, la solidaridad y la bondad, hacia nuestros semejantes y particularmente con nuestros pacientes en minusvalía, ahora víctimas, impedidas de recibir ayuda humanitaria de todo tipo; aceptarlo sería indigno y contribuiría a deshumanizar nuestra profesión, nos haría cómplices por omisión y alimentaría la quiebra moral hacia la que nos arrastra el regimen oprobioso y violador de derechos fundamentales de las personas», expresaron.
Los profesionales finalizaron el texto anunciando que aplicarán una «desobediencia civil activa» de continuar estos atropellos, «en ejercicio de la libertad de consciencia y coherentes con nuestras obligaciones morales».
«Oponernos y retar públicamente, si fuera necesario, a quienes quieran imponer a la fuerza, sus conductas criminales, hasta el extremo de impedir la asistencia humanitaria de los más vulnerables», enfatizaron.
