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Policía Nacional Anticorrupción detiene a otros cuatro funcionarios

El fin de semana, la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela ejecutó cuatro detenciones a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro en medio de investigaciones por presuntos hechos de corrupción administrativa.

Entre los arrestados figura quien fuera jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, quien en el año 2020 fue incluido en el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, organismo que ofrece cinco millones de dólares por información que lleve a su detención.

Otros aprehendidos fueron Cristóbal Cornieles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas; José Mascimino Márquez, juez de control en delitos asociados al terrorismo, y Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua.

De acuerdo con el anuncio hecho por Venezolana de Televisión, los funcionarios están vinculados a hechos de «corrupción y malversación de fondos»; sin embargo, no se brindaron mayores detalles.

Tras el arresto de Ramírez, Nicolás Maduro ordenó la reestructuración de la junta directiva de la Sunacrip, la cual estará encabezada por Anabel Pereira Fernández.

En un anuncio hecho este lunes, el Ministerio Público indicó que «los ilícitos investigados corresponden a distintas ramas y niveles del poder público e implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional y la administración de justicia».

Los hechos se dieron tras la solicitud hecha el viernes por parte de la Policía Anticorrupción, organismo que pidió procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones» en el poder público y que «podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».

El cuerpo policial explicó que «ha iniciado ante la Fiscalía una solicitud de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».

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