Judicial

TSJ chavista desestimó las apreciaciones de la Fiscalía de la CPI

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aliado de Nicolás Maduro, Maikel Moreno, se mostró contrario a las apreciaciones que tuvo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que a través de un documento sostuvo que hay una base razonable para creer que en Venezuela se cometieron “crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el año 2017”.

“Son apreciaciones subjetivas que no se ajustan a la realidad; consideramos que el Gobierno venezolano y sus instituciones han colaborado ampliamente con respecto al examen preliminar”, detalló Moreno en un comunicado.

De la misma manera aseguró que el Estado venezolano se ha encargado de llevar a término distintas investigaciones en materia de derechos humanos, todo ello con el firme propósito de poder determinar el incumplimiento de los parámetros legales que sustentan la función policial y militar, y comprobar si han actuado o no en “inobservancia de las leyes y reglamentos que los rigen”.

Moreno manifestó también que el sistema de justicia venezolano, está comprometido a garantizar la estabilidad del país, además del funcionamiento de las instituciones, todo ello en el marco “del Estado de derecho delimitando en la propia Carta Fundamental, cumpliendo con los estándares internacionales del Sistema Universal de los Derechos Humanos”.

No desaprovechó la oportunidad para extender una invitación al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Kham, para que visite de manera oficial el país, poniendo a la orden cualquier requerimiento que necesite por parte del organismo que preside.

Cabe destacar que la semana anterior, la Fiscalía de la CPI, dio a conocer los detalles de un informe que cuenta con fecha del 15 de junio y que fue elaborado por la entonces fiscal Fatou Bensouda, que concluye que “hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela”.

A pesar de este escrito, será Kham quien tendrá la responsabilidad de tomar la decisión definitiva acerca de este caso.

Y es que en el documento realizado por Bensouda, se considera que de acuerdo a la información suministrada, “hay una base razonable” para creer que desde abril del año 2017, las autoridades civiles, además de miembros de las Fuerzas Armadas y personas vinculadas al gobierno, han cometido crímenes de lesa humanidad”.

Destacan casos de encarcelamiento, además de otros tipos de severa privación de libertas física, todo ello violando las normas fundamentales del derecho internacional, además de actos de tortura y la “violación u otras formas de violación sexual”, así como persecución por motivos políticos.

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