Judicial

UE pidió a autoridades venezolanas respetar debido proceso de Javier Tarazona

El pasado 25 de julio, un tribunal del país difirió la apertura de su juicio, acción catalogada como "una arbitrariedad" por parte de su abogado, Gonzalo Himiob

A más de 400 días de detención del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien es acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, la delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela pidió este lunes a las autoridades del país a respetar el «debido proceso» del activista.

A través de Twitter, la delegación indicó que «Tras 400 días de su detención, la Unión Europea y sus Estados miembros presentes en Venezuela llamamos al respeto del debido proceso en el caso de Javier Tarazona».

Además, destacó «el estado frágil» de salud de Tarazona, la cual ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por sus abogados y por otras ONG, por lo que exhortó a las autoridades a «permitir el acceso de la Oficina del Alto Comisionado Derechos Humanos de las Naciones Unidas» para comprobar el estado en que se encuentra el activista.

Tarazona fue recluido desde el 2 de julio de 2021 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, luego de haber sido detenido junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García en el estado Falcón (noroeste) «sin mediar argumentos, instrumentos procesales ni orden judicial«, según Fundaredes.

Los tres fueron detenidos cuando acudieron a la oficina fiscal de Coro a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, siempre de acuerdo con la ONG. Sin embargo, García y Rafael Tarazona fueron excarcelados posteriormente y se mantienen bajo régimen de presentación ante tribunales.

Entretanto, la libertad de Javier Tarazona, considerado la principal voz de denuncia del conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, ha sido solicitada por diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que lo considera un «preso de conciencia».

El pasado 25 de julio, un tribunal del país difirió la apertura de su juicio, acción catalogada como «una arbitrariedad» por parte de su abogado, Gonzalo Himiob.

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